Crece la ira en Egipto por las enmiendas a una ley inmobiliaria que estipula que los propietarios deben registrar sus bienes y los que no lo hagan no tendrán acceso a gas, agua potable y electricidad.
Según un informe publicado por Middle East Eye, sólo el 5% de las propiedades en Egipto están registradas en los registros oficiales.
Aquellos que quieran registrar sus casas tendrán que pagar el tres por ciento del valor de su propiedad, lo que resulta inasequible para la mayoría de los propietarios.
A través de las redes sociales, bajo el lema "No registraremos nuestras propiedades", los ciudadanos han expresado su enfado tanto por el coste del registro como por el largo proceso que tendrían que seguir para hacerlo.
La fecha límite para la aplicación de la ley se ha trasladado a diciembre desde la fecha original del 6 de marzo en respuesta a la resistencia del público.
Egipto atraviesa una grave crisis económica debido a las medidas de austeridad que está aplicando el gobierno, y los egipcios de a pie tienen que hacer frente a unos costes de vida que se han disparado y que han hecho que el país sea inhabitable.
Un tercio de los egipcios vive por debajo del umbral de la pobreza.
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La pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para frenar su propagación han agravado esta crisis, ya que muchos han perdido sus puestos de trabajo, especialmente en los sectores turístico, de servicios e industrial.
Los egipcios han cuestionado en qué se ha gastado el préstamo de 2.800 millones de dólares del FMI, concedido específicamente para hacer frente a los efectos negativos de la COVID-19, y por qué el gobierno está utilizando diferentes estrategias para sacarles el dinero.
El año pasado se produjo un enfado generalizado después de que las autoridades egipcias empezaran a demoler casas y a detener a sus propietarios con el pretexto de que habían construido sus viviendas sin permiso de obras.
Los residentes se quejaron de que las demoliciones eran una forma de recaudar dinero en lugar de hacer cumplir la ley, ya que el gobierno les pedía que pagaran una cuota de conciliación alegando que sus casas habían sido construidas "ilegalmente".
Si pagaban la cuota de conciliación, decía el gobierno, sus casas no serían demolidas.
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