En su protesta frente a la Autoridad de Seguros y Pensiones de la ciudad de Gaza, exigieron al presidente Mahmud Abbas y a los miembros del Comité Central de Fatah que anularan la ley de jubilación obligatoria que se aplicó al personal militar de Gaza. Sus condiciones de vida, añadieron, se han deteriorado como consecuencia de la orden, que ha agravado las asfixiantes condiciones económicas de la Franja como consecuencia del actual asedio de Israel.
En 2017, la Autoridad Palestina dejó de pagar el combustible para la electricidad a Gaza, dejó de pagar los salarios de cientos de personas y obligó a más de 6.000 empleados estatales a jubilarse anticipadamente, en un esfuerzo por empujar al gobierno de Hamás en Gaza a rendirse y entregar el poder a Al Fatah.
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