Reino Unido debe actuar ya para poner fin a la venta de armas a Arabia Saudí para su uso en la guerra de Yemen, en medio de las nuevas pruebas publicadas por el informe de la CIA sobre Jamal Khashoggi. Grupos y activistas de derechos humanos han hecho nuevos llamamientos, a la luz del informe sobre Khashoggi, que detalla que el príncipe heredero Mohamed Bin Salman había ordenado efectivamente el asesinato de Jamal Khashoggi.
Sin embargo, Gran Bretaña sigue siendo el segundo mayor exportador de armas, con pedidos estimados en 11.000 millones de libras, de los cuales 1.400 millones se enviaron a Arabia Saudí tras la reanudación de la venta de armas sin restricciones el 7 de julio de 2020. Por lo tanto, resulta irónico que Gran Bretaña haya recortado la ayuda vital a Yemen, en una medida que los políticos han condenado enérgicamente, y que, en cambio, opte por seguir armando a Arabia Saudí. Gran Bretaña recortó hasta el 50% de la ayuda esencial a Yemen este año, pero puede seguir financiando la venta de armas a Arabia Saudí que es quien ha causado su misma destrucción.
En junio de 2019, la venta de armas británicas a Arabia Saudí fue declarada ilegal por el Tribunal de Apelación en una sentencia crítica y debería ser un testimonio de que la venta de armas nunca debería haber tenido lugar.
Yemen está al borde de la hambruna y es la peor crisis humanitaria del mundo, según ha documentado la ONU. Sin embargo, Gran Bretaña no muestra ningún remordimiento por su papel en la tragedia y sigue armando a un país que está en el punto de mira por numerosas violaciones de los derechos humanos.
El gobierno sigue adelante con la venta de armas, a pesar de saber que existe el riesgo de que Arabia Saudí las utilice en la guerra de Yemen. Siguen adelante, a pesar del reciente llamamiento de nuestro propio ministro de Asuntos Exteriores a "la ayuda internacional para salir de la tragedia". Esta es la brutal ironía.
Gran Bretaña no puede seguir ignorando la situación actual en Yemen, así como las peticiones de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, que emitió una carta de presentación de 172 páginas al Reino Unido el año pasado. La carta instaba al secretario de Estado de Comercio Internacional a reconsiderar las decisiones tomadas y a examinar las pruebas sobre el terreno.
Sin embargo, los innumerables llamamientos de activistas, organizaciones de derechos humanos y el propio pueblo de Yemen no han sido escuchados. ¿Dónde está la compasión por los millones de civiles yemeníes inocentes que han tenido que soportar el peso de esta brutal guerra?
En Yemen han muerto cientos y miles de niños menores de cinco años. El país se está derrumbando y, sin embargo, esos factores vitales no entran en juego. Los beneficios no deben ir por delante de las vidas del pueblo de Yemen. Gran Bretaña no puede evitar rendir cuentas por la venta "ilegal" de armas firmada por Jeremy Hunt y el propio primer ministro Boris Johnson allá por 2016. En ese momento, los ministros clave alegaron que no sabían el riesgo que suponía para los civiles, pero seguramente ahora lo saben.
Los activistas han criticado con razón al Gobierno británico por elegir "los beneficios en lugar de las vidas". Si siguen sin hacer caso, Gran Bretaña tendrá que rendir cuentas ante los ojos de la ley por su papel en uno de los peores desastres humanitarios del mundo hasta la fecha.
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