El gobierno tunecino ha revelado que el número oficial de muertos de la revolución de 2011 fue de 129 personas, y además, otras 634 resultaron heridas. El anuncio ha sido descrito por una comisión independiente como un "fuerte indicio" de la transformación democrática que tuvo lugar en el país norteafricano.
La lista oficial de los mártires y heridos revolucionarios, reclamada desde hace años por las familias de las víctimas, se hizo pública el viernes por la noche, en vísperas del 65º aniversario de la independencia de Túnez.
Abdul Razzaq Kilani, jefe de la Autoridad General de los Combatientes de la Resistencia y de los Mártires y Heridos de la Revolución y de los Atentados Terroristas, consideró la lista publicada como "un reconocimiento del Estado a los sacrificios del pueblo para derrocar a la dictadura" del difunto presidente Zine El Abidine Ben Ali. Según Kilani, el siguiente paso es indemnizar a las víctimas y a sus familias.
La medida también allana el camino para que unas 1.500 personas que se consideran erróneamente excluidas de la lista presenten recursos administrativos. Un informe preliminar publicado en 2012 indicaba que 338 personas murieron y 2.147 resultaron heridas durante la revolución.
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Sufyan Al-Farhani, portavoz de la Asociación Al-Wafaa, perdió a su hermano durante la revolución. "Esta lista carece de sentido", dijo, "porque no es el resultado de investigaciones o juicios que allanen el camino para revelar las circunstancias [de los asesinatos]". La publicación de la lista, en su opinión, pretende calmar la actual tensión social, no hacer justicia a las víctimas.
La lista abarca el periodo de protestas contra el régimen, durante el cual se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad entre el 17 de diciembre de 2010 y el 14 de enero de 2011, cuando Ben Ali huyó a Arabia Saudí. En realidad fue publicada por el Comité Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la República de Túnez en octubre de 2019.
El retraso en la publicación de la lista en el Boletín Oficial refleja las dificultades a las que se ha enfrentado la fase de transición. Los esfuerzos por lograr la justicia y la reconciliación nacional se han visto obstaculizados durante años por figuras cercanas al antiguo régimen que lograron participar en la política posterior a la revolución.
La justicia transicional ha dado lugar a decenas de juicios ante tribunales especiales desde 2018 relacionados con violaciones cometidas durante la época de la dictadura, incluida la matanza de manifestantes en 2011. Sin embargo, las autoridades han bloqueado el acceso a los archivos y a los nombres de los acusados en estos casos, y hasta la fecha no se ha dictado ninguna sentencia.