Human Rights Watch advirtió el martes que el programa de vacunación COVID-19 del gobierno libanés corre el riesgo de dejar atrás a las comunidades marginadas, incluidos los refugiados y los trabajadores migrantes.
El organismo de vigilancia de los derechos dijo en un comunicado que el gobierno libanés había prometido un programa de vacunación equitativa, pero "el esfuerzo se ha visto empañado por la interferencia política y la falta de información".
"Teniendo en cuenta que una de cada tres personas en Líbano es un refugiado o un migrante, un tercio de la población corre el riesgo de quedarse atrás en el plan de vacunación", dijo Nadia Hardman, investigadora de los derechos de los refugiados y los migrantes en Human Rights Watch.
"El gobierno debe invertir en actividades de divulgación específicas para generar confianza en las comunidades marginadas durante mucho tiempo, o el esfuerzo de vacunación contra el COVID-19 estará condenado al fracaso", añadió.
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El comunicado señala que los datos de la ONU muestran que los refugiados sirios y palestinos han muerto a causa de la COVID-19 a un ritmo más de cuatro y tres veces superior a la media nacional, respectivamente.
Sin embargo, según la plataforma de registro y seguimiento de la vacuna COVID-19 en línea del gobierno, sólo el 2,86% de los vacunados y el 5,36% de los registrados para recibir la vacuna son no libaneses, a pesar de que constituyen al menos el 30% de la población.
HRW criticó a algunos políticos libaneses, sin nombrarlos, diciendo que han conseguido vacunas para sus partidarios, lo que hace temer que la distribución de las vacunas se base en la afiliación política y no en criterios de distribución transparentes y basados en pruebas que se apliquen por igual a todos en el Líbano, dejando atrás a los grupos marginados.