El 5 de febrero, los palestinos vieron cómo se abría un largo túnel y cómo parpadeaba una luz en la distancia en favor de la justicia. La Sala Preliminar I de la Corte Penal Internacional (CPI) "decidió, por mayoría, que la competencia territorial de la Corte en lo relativo a la situación de Palestina, Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI, se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967". La CPI tiene ahora jurisdicción para investigar los crímenes que, según los palestinos, fueron perpetrados por Israel en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. La fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, ya había pedido que se investigara, diciendo que había "una base razonable para creer" que se habían producido crímenes de guerra.
Las reacciones tanto en Palestina como en Israel fueron las previstas. Los palestinos celebraron la decisión. El ministro de Justicia palestino, Mohammed Al-Shalaldeh, celebró la decisión de la CPI y la consideró "histórica".
"La decisión de la Corte Penal Internacional es histórica y significa el comienzo inmediato de la investigación de las graves violaciones en el territorio palestino ocupado", dijo Al-Shalaldeh. Añadió que hay tres expedientes prioritarios para el tribunal, la guerra israelí contra Gaza en 2014, los asentamientos israelíes y los palestinos detenidos en cárceles israelíes.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció la decisión en una declaración escrita. "Hoy, la Corte Penal Internacional ha demostrado una vez más que es un órgano político y no una institución judicial", dijo Netanyahu. "Con este fallo, el tribunal ha violado el derecho de las democracias a defenderse del terrorismo, y ha hecho el juego a quienes socavan los esfuerzos por ampliar el círculo de la paz", añadió.
Cualquiera que esperara un cambio de postura estadounidense por parte de la nueva Administración Biden se vio rápidamente decepcionado. En una llamada con Netanyahu, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris le dijo que Estados Unidos se opone a la investigación de la CPI sobre posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos, dijo la Casa Blanca.
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Esto siguió a un anuncio del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en el que dijo que Washington "se opone firmemente y está profundamente decepcionado" por la decisión de la CPI. Subrayó que "Israel no es parte de la CPI y no ha consentido la jurisdicción de la Corte, y nos preocupan seriamente los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre personal israelí", dijo Blinken en un comunicado.
Israel estaría un poco confundido pero ciertamente decepcionado de que la misma administración haya levantado recientemente las sanciones al personal de la CPI impuestas por el predecesor de Biden, Trump, en diciembre de 2020. El equipo de Blinken dijo: "Estas decisiones reflejan nuestra evaluación de que las medidas adoptadas eran inapropiadas e ineficaces". La administración sigue "en fuerte desacuerdo con las acciones de la CPI relacionadas con las situaciones de Afganistán y Palestina" y se opone a los "esfuerzos de la CPI para hacer valer la jurisdicción sobre el personal de los Estados no miembros, como Estados Unidos e Israel."
EE.UU. tomó esta decisión a pesar de las investigaciones que pueden apuntar al personal militar estadounidense por los crímenes cometidos en Afganistán. Se podría haber esperado que Israel siguiera su ejemplo y aceptara que la CPI es un tribunal independiente y que el fiscal jefe ha consultado minuciosamente antes de que se dictaminara que el tribunal tenía jurisdicción sobre el territorio palestino ocupado y que investigaría los crímenes cometidos por cualquier parte, incluidas las partes palestinas que se remontan a 2014. Sin embargo, quienes conocen la actitud de Israel ante el necesario escrutinio externo no se habrán sorprendido con su rechazo formal a la decisión de la CPI de investigar los crímenes de sus dirigentes.
El fallo de la CPI trae esperanza para Palestina y consternación para Israel - Caricatura [Sabaaneh/MiddleEastMonitor].
Israel no cooperará con la investigación de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y argumentará que el tribunal no tiene jurisdicción para abrir la investigación, en consonancia con la posición que mantiene Israel desde hace tiempo. En la reunión, Netanyahu argumentó que "mientras los soldados de las FDI luchan con una moral absoluta contra los terroristas que cometen crímenes de guerra a diario, el tribunal de La Haya decidió denunciar a Israel". "No hay otra palabra para esto que hipocresía. Un organismo creado para luchar por los derechos humanos se convirtió en un organismo hostil que defiende a los que pisotean los derechos humanos".
En la carta que se enviará a la CPI, Israel argumentará que tiene su propio "poder judicial independiente" capaz de juzgar a los soldados que cometen crímenes de guerra.
Los palestinos discreparían, ya que las investigaciones de Israel sobre sus propios crímenes no han aportado justicia. Tomemos el ejemplo de la investigación del asesinato en 2018 del paramédico palestino de 21 años Razan Al-Najjar cerca de la valla de Gaza. Una investigación israelí declaró que "durante un examen inicial del incidente que tuvo lugar el 1 de junio de 2018, en el que una mujer palestina de 22 años fue asesinada, se descubrió que se disparó un pequeño número de balas durante el incidente, y que ningún disparo fue dirigido deliberada o directamente hacia ella". Comentando la investigación la organización de derechos humanos Al-Haq declaró: "El examen preliminar concluido apresuradamente pone de manifiesto la incapacidad de Israel para llevar a cabo una investigación independiente, eficaz e imparcial de los presuntos crímenes de guerra". Además, declaró:
El ejército israelí opera efectivamente con impunidad. Entre 2005 y 2009, de las 800 denuncias presentadas por crímenes de guerra, sólo 49 investigaciones dieron lugar a acusaciones.
Por lo tanto, no se puede confiar en que Israel lleve a cabo sus propias investigaciones de forma imparcial y por eso es necesaria una investigación externa. Además, tiene un historial de negar el acceso a equipos de investigación internacionales imparciales para investigar posibles crímenes de guerra que se remonta a décadas atrás.
En 2002, al equipo de Amnistía Internacional encargado de investigar los posibles crímenes cometidos por las tropas israelíes en el campo de refugiados de Yenín, se le negó el acceso al campo. El profesor Derrick Pounder, que formaba parte del equipo de tres personas enviado a investigar los abusos contra los derechos humanos, declaró: "La negativa a permitirnos llevar a cabo o incluso a ayudar a que otros lleven a cabo tales investigaciones es muy grave y da lugar a dudas sobre los motivos de las autoridades".
En 2009, al equipo dirigido por el juez Goldstone para investigar los posibles crímenes cometidos durante la guerra de 2008/9 en Gaza, Israel le negó los visados y tuvo que entrar en Gaza a través de Egipto. Su informe concluyó finalmente que Israel y los grupos armados palestinos eran culpables de crímenes de guerra. El informe también hacía referencia a que a Amnistía Internacional, Human Rights Watch y B'Tselem se les había negado la entrada para llevar a cabo sus investigaciones en Gaza.
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En 2014, Israel volvió a negar la entrada a los equipos encargados de investigar posibles abusos contra los derechos humanos. El equipo de investigación del CDH concluyó que tanto Israel como los grupos armados palestinos habían cometido crímenes de guerra.
Israel también ha negado la entrada a los relatores de la ONU Richard Falk y Michael Link, relator especial de la ONU sobre los territorios palestinos.
¿Tiene Israel algo que ocultar? Sí, por supuesto que sí. Sus abusos de los derechos humanos llenan páginas y páginas de cualquier cuaderno. Ya sea sobre sus crímenes de guerra durante las repetidas guerras contra la indefensa y atrapada población palestina en Gaza o su empresa de asentamientos ilegales, o el traslado de su población a zonas ilegalmente ocupadas, el traslado de prisioneros palestinos a su propio territorio desde el territorio ocupado. ¿Y las demoliciones de casas, los desalojos de familias?
Con este tórrido historial, la justicia exige que se examinen las violaciones cometidas por Israel y que se le exijan responsabilidades por ellas. Sus líderes deben responder por sus presuntos crímenes de guerra en persona y deben tener su día en el tribunal de La Haya. De lo contrario, sus dirigentes seguirán cometiendo crímenes, con la seguridad de que no tendrán que responder por ellos. Los engranajes de la justicia deben moverse más rápidamente, y entonces los criminales de guerra israelíes no podrán dormir tranquilos cada noche pensando que pueden levantarse por la mañana y cometer más crímenes con impunidad.
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