La posición del gobierno israelí respecto a una inminente investigación de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en la Palestina ocupada ha sido finalmente declarada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. "Quedará claro que Israel es un país de derecho que sabe investigarse a sí mismo", dijo el 8 de abril. Por ello, añadió, Israel "rechaza por completo" cualquier acusación de haber cometido crímenes de guerra.
Sin embargo, esta vez no será tan fácil para Tel Aviv. Es cierto que Israel no es parte del Estatuto de Roma, según el cual se creó la CPI, pero aún puede ser responsabilizado, porque el Estado de Palestina es miembro de la CPI, ya que se incorporó en 2015. Además, los crímenes de guerra que se investigan han tenido lugar presuntamente en suelo palestino. Esto otorga a la CPI jurisdicción directa, incluso si los crímenes de guerra fueron cometidos por una parte no perteneciente a la CPI. Aun así, la rendición de cuentas por estos crímenes de guerra no está garantizada.
Para entender lo que podría ocurrir a continuación, es importante situar las investigaciones en su contexto. El 22 de marzo, el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, declaró que "ha llegado el momento de poner fin a la flagrante impunidad de Israel". Sus declaraciones se incluyeron en una carta enviada al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y a otros altos cargos de la organización internacional.
Entre los palestinos existe un modesto -aunque cauto- optimismo de que los funcionarios israelíes podrían rendir cuentas por los crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos en Palestina. La razón de este optimismo es el simple hecho de que la CPI ha decidido proseguir su investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados.
La carta de Mansour se escribió teniendo en cuenta este hecho. Otros funcionarios palestinos, como el ministro de Asuntos Exteriores, Riyad Al-Maliki, también están presionando en esta dirección. Él también quiere que se ponga fin a la falta de responsabilidad de Israel.
Hasta que Netanyahu dejó clara su posición oficial, la respuesta israelí era previsible. El 20 de marzo, por ejemplo, las autoridades israelíes decidieron revocar el permiso especial de viaje de Al-Maliki para impedirle que realizara cualquier gestión diplomática encaminada a garantizar la continuación de la investigación de la CPI. De hecho, Al-Maliki acababa de regresar de un viaje a La Haya, donde tiene su sede la CPI.
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Además, Israel está intentando abiertamente intimidar a la Autoridad Palestina en Ramala para que deje de cooperar con la CPI. El discurso oficial israelí lo deja claro. "Los dirigentes palestinos tienen que entender que sus acciones tienen consecuencias", declaró un funcionario israelí al Jerusalem Post el 21 de marzo.
A pesar de los años de regateo jurídico y de las intensas presiones ejercidas sobre la fiscal jefe saliente de la CPI, Fatou Bensouda, para que desechara por completo la investigación, los movimientos jurídicos han seguido adelante, sin obstáculos. La presión se ha manifestado de diversas formas: difamación directa por parte de Israel, como la acusación de antisemitismo a la CPI; sanciones estadounidenses sin precedentes impuestas a funcionarios de la CPI; e intromisión e intervención constantes en favor de Israel por parte de los Estados miembros que forman parte de la CPI, y que se describen como amici curiae ("amigos de la corte").
Estas presiones no han tenido éxito. El 30 de abril del año pasado, Bensouda consultó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para ver si la CPI era competente en el asunto. Diez meses después, la Sala respondió afirmativamente. Posteriormente, la fiscal decidió abrir la investigación formalmente.
El 9 de marzo, un portavoz de la Corte reveló que, de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma, la Fiscalía envió cartas de notificación a "todas las partes interesadas", incluidos el gobierno israelí y los dirigentes palestinos, notificándoles la investigación de crímenes de guerra y concediéndoles sólo un mes para solicitar el aplazamiento de la investigación.
El fallo de la CPI trae esperanza para Palestina y consternación para Israel - Caricatura [Sabaaneh/MonitordeOriente].
Aunque el gobierno israelí sigue manteniendo su posición de que la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel y la Palestina ocupada, altos funcionarios y diplomáticos israelíes se están moviendo rápidamente para bloquear lo que ahora parece ser una investigación inminente. Por ejemplo, el presidente Reuven Rivlin aprovechó una visita oficial a Alemania el mes pasado para dar las gracias a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, por oponerse a que la CPI investigue a funcionarios israelíes.
Tras arremeter contra los dirigentes palestinos por intentar "legalizar" el conflicto mediante una investigación internacional, Rivlin renovó la "confianza de Israel en que nuestros amigos europeos estarán a nuestro lado en la importante lucha contra el uso indebido de la Corte Penal Internacional contra nuestros soldados y civiles".
Entre los anteriores crímenes de guerra israelíes que han sido objeto de intentos de investigación figuran la masacre de Yenín en 2002, en la Cisjordania ocupada, y varias ofensivas militares israelíes contra la población de la Franja de Gaza desde 2008-2009. Sin embargo, la próxima investigación de la CPI será diferente, ya que se dirigirá a individuos, no a Estados, y podrá emitir órdenes de detención, lo que hará que todos los demás miembros de la CPI tengan la obligación legal de hacer cumplir las decisiones de la Corte.
Carteles que muestran a las víctimas de la masacre del campo de refugiados de Jenin en 2002 a manos de las tropas israelíes [SAIF DAHLAH/AFP via Getty Images].
Estos presuntos crímenes de guerra ya incluyen los asentamientos judíos ilegales de Israel a través de los territorios ocupados; la guerra israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza en 2014; y los ataques de Israel contra manifestantes civiles desarmados durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno de Gaza a partir de marzo de 2018.
Lo ideal sería que el Tribunal pudiera ampliar potencialmente el alcance de la investigación, que es una de las principales demandas de los representantes de las víctimas palestinas. "Esperamos que se incluyan más crímenes", explicó Mariniello, "especialmente el apartheid como crimen contra la humanidad, así como los crímenes contra los prisioneros palestinos por parte de las autoridades israelíes, especialmente la tortura."
En esencia, esto significa que, incluso después de que la investigación esté oficialmente en marcha, el equipo jurídico de Palestina puede continuar su defensa para ampliar el alcance de la investigación y cubrir todo el terreno legal posible.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el ideal de ver a Israel investigado por crímenes de guerra rara vez se ha producido. Por tanto, un escenario menos que ideal sería que el alcance de la investigación siguiera siendo estrecho.
En una entrevista reciente con el ex relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, el profesor Richard Falk, me dijo que incluso si el ámbito de aplicación estrecho sigue vigente -reduciendo así las posibilidades de que todas las víctimas vean justicia- la investigación sigue siendo un "avance". La razón por la que la investigación no puede ampliarse tiene menos que ver con la justicia y mucho con la política. "El alcance de la investigación es algo que no está bien definido, por lo que es una cuestión de discrecionalidad política", explicó Falk. "El Tribunal adopta una posición que necesita ser cautelosa a la hora de delimitar su jurisdicción y, por lo tanto, intenta reducir el alcance de lo que está dispuesto a investigar".
No está de acuerdo con esa opinión pero, según el experimentado experto en derecho internacional, "representa el hecho de que la CPI, como la propia ONU, está sometida a una inmensa presión geopolítica. Sin embargo, es un avance incluso considerar la investigación, por no hablar de la acusación y el enjuiciamiento de israelíes o estadounidenses que se incluyó en la agenda de la CPI, lo que provocó el rechazo de estos gobiernos".
Mientras que los dos escenarios anteriores son adecuados para los palestinos, no lo son para el gobierno israelí, como indica la reciente declaración de Netanyahu rechazando la investigación. Sin embargo, según algunos expertos en derecho internacional pro-israelíes, la decisión de Netanyahu podría representar una oportunidad perdida.
En Haaretz, el experto en derecho internacional Nick Kaufman aconseja a Israel que coopere, aunque sólo sea para obtener un "aplazamiento" de la Corte, y que luego utilice el consiguiente retraso para hacer maniobras políticas.
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"Sería lamentable que Israel perdiera la oportunidad del aplazamiento que podría proporcionar la excusa ideal para reiniciar las conversaciones de paz con los palestinos", escribió Kaufman. "Si Israel desaprovecha esta oportunidad, no debería extrañar que, más adelante, el Tribunal insinúe que el gobierno no tiene más culpa que la de exportar el proceso judicial a La Haya".
Existen otros escenarios, como presiones aún más intensas sobre la Corte como resultado de las discusiones en curso entre Israel y sus benefactores, ya sea en Washington o entre los amici curiae en la propia Corte.
Al mismo tiempo, aunque los palestinos siguen siendo cautelosos sobre el futuro de la investigación, existe la esperanza de que, esta vez, las cosas puedan ser diferentes y que los criminales de guerra israelíes acaben rindiendo cuentas por sus crímenes. El tiempo lo dirá.
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