La protección de Israel contra los ataques de drones es extremadamente pobre, ha dicho el Contralor del Estado Matanyahu Englman en un nuevo informe, desencadenando un juego de culpas sobre quién es exactamente responsable de exponer al país a peligrosas amenazas a su seguridad nacional.
El informe, que cubre el período de tiempo de octubre de 2019 a junio de 2020, encontró que hasta el 78% del ejército israelí no tiene protección contra los ataques de drones. "Ampliar el uso de los drones conlleva muchas ventajas, pero el constante avance de la tecnología y la facilidad para adquirirla conlleva la obligación de hacer frente a la amenaza de seguridad, criminalidad y seguridad en desarrollo, que incluye peligros para la vida de los seres humanos y la seguridad nacional", se dice que dijo Englman en el Jerusalem Post, que publicó los detalles del informe.
Subrayando la magnitud del problema y exponiendo la sombría realidad de la capacidad de defensa de Israel, Englman dijo que en julio de 2020 había 30.000 drones operando en Israel, que habían realizado 90.000 vuelos sólo en la región de Tel Aviv en el último año. Se dice que la gran mayoría de ellos no están registrados y que no hay soluciones tecnológicas para seguirlos o aplicarles límites.
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Hay un fuerte desacuerdo sobre quién es el culpable, especialmente porque el problema destacado en el informe se planteó en 2017. Se dice que los desacuerdos sobre las líneas de autoridad; la falta de intercambio de información y la división de la responsabilidad son razones para el lapso de seguridad. La recomendación de Englman fue que la policía y la Autoridad de Aviación Civil cooperaran para establecer la infraestructura real para acusar a las personas por delitos relacionados con los drones.
El gobierno israelí fue duramente criticado en el informe por trasladar las operaciones fuera de la capital israelí, Tel Aviv. Según Englman, el traslado perjudicó a las capacidades de inteligencia del ejército al transferir gran parte de sus unidades a la zona de Beersheba sin cumplir los compromisos de facilitar el traslado al personal de inteligencia. Alrededor del 93% del personal de inteligencia que debe trabajar en el sur no vive allí. Muchos tienen familia y no pueden trasladarse fácilmente.
En consecuencia, el informe advierte que los altos cargos de los servicios de inteligencia se están marchando al sector privado para evitar tener que trasladarse al sur.
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