El Grupo de Acción Nacional Egipcio (ENAG), que incluye a figuras de la oposición en el país y en el extranjero, pidió en una declaración a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU que pongan fin a las ejecuciones politizadas contra los opositores en Egipto.
La declaración, de la que el New Khaleej recibió una copia, afirmaba que las sentencias de muerte contra disidentes egipcios fueron dictadas por tribunales especializados en la lucha contra el terrorismo que han sido establecidos en violación del artículo 97 de la Constitución, y que por tanto carecen de respaldo constitucional y legal.
La declaración también condenó la ejecución de nueve ciudadanos inocentes en el caso conocido en los medios de comunicación como el asalto a la comisaría de policía de Kerdasa, y añadió que estos juicios excepcionales carecen de todo criterio de justicia.
La ENAG advirtió que "estas sentencias politizadas pretenden aterrorizar al pueblo" y son una forma de "terrorismo de Estado".
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La declaración subrayaba la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas para obligar a Egipto a dejar de ejecutar a opositores, especialmente en casos políticos, y a intensificar los esfuerzos, la coordinación y la cooperación para impedir que se ejecuten sentencias de muerte arbitrarias.
El lunes, las autoridades egipcias ejecutaron a varias personas que se oponían al golpe militar de 2013 encabezado por el ministro de Defensa, convertido en presidente, Abdel Fattah Al-Sisi, lo que desató una ola de polémica dentro y fuera del país.
Figuras de la oposición egipcia anunciaron la creación del GANE el 30 de diciembre de 2019. Incluye un grupo de políticos radicados dentro y fuera de Egipto, que pertenecen a varios partidos políticos.
Un informe publicado por Amnistía Internacional la semana pasada reveló que se ha producido un aumento del 300% en las ejecuciones en Egipto.
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