Durante la última década, Israel ha llevado a cabo una despiadada campaña de desprestigio contra los grupos de derechos humanos críticos con el Estado sionista, según un nuevo informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (el Observatorio). Titulado Target Locked, el informe expone "las implacables campañas de desprestigio israelíes para desacreditar a los grupos de derechos humanos en Israel, Palestina y el Golán sirio".
Los grupos de derechos humanos y las ONG que trabajan en cuestiones relacionadas con la ocupación israelí, la actividad de los asentamientos, la rendición de cuentas por los crímenes internacionales y las violaciones de los derechos humanos, los solicitantes de asilo y los refugiados, los presos políticos o los derechos de la minoría palestina dentro de Israel, han sido el principal objetivo de una amplia campaña de deslegitimación dirigida por el Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública de Israel (MSA).
Según los autores del informe, el MSA ha estado exponiendo "ferozmente" una estrategia israelí para deslegitimar a los grupos de derechos humanos y a las ONG que defienden los derechos humanos de los palestinos como "operativos antisemitas con profundos vínculos con grupos terroristas obsesionados con la destrucción del Estado de Israel".
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La estrategia puesta en marcha por el gobierno israelí tiene tres vertientes: deslegitimar las voces críticas de la sociedad civil a través de "nombrar y avergonzar" y asociarlas con terroristas o antisemitas; presionar a cualquiera que dé una plataforma a su discurso, y presionar activamente para cortar sus fuentes de financiación.
El informe descubrió que en los últimos años se ha erigido una elaborada red antipalestina y que el despiadado ataque a los grupos críticos con Israel se aceleró con la elección del ex presidente estadounidense Donald Trump. "Actuando a la par están las infames ONGs controladas por el gobierno (GONGOs), cuyo principal objetivo es retransmitir la propaganda del gobierno israelí contra los actores de la sociedad civil, incluso a nivel internacional", dice el informe.
"Tanto el MSA como los grupos afiliados al gobierno confunden las críticas legítimas a las graves violaciones de los derechos humanos por parte de Israel con el antisemitismo y emplean afirmaciones vagas e infundadas de afiliaciones terroristas contra las organizaciones de la sociedad civil (OSC) palestinas, con el fin de privar a estas últimas de una financiación esencial para su sostenibilidad", argumenta el informe, que añade que estas campañas van acompañadas de intimidación y acoso a los defensores de los derechos humanos. Los tipos de acoso incluyen prohibiciones de viajar, detenciones y arrestos arbitrarios, acoso judicial, deportación, ataques físicos y cibernéticos y amenazas de muerte.
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Al describir el "desarrollo del arsenal legislativo y administrativo" que Israel despliega contra los grupos de derechos humanos, el informe enumeró una serie de leyes que se han introducido para impedir el trabajo de las OSC dentro de la Palestina histórica y en la Cisjordania y Gaza ocupadas. "Desde 2010, se ha presentado un número sin precedentes de proyectos de ley en la Knesset para limitar el espacio cívico de las ONG", dice el informe.
Uno de los principales objetivos de la campaña es desfinanciar el trabajo de los grupos de derechos humanos, dice el informe. En el ámbito nacional, los esfuerzos del gobierno israelí se han centrado en la aplicación de leyes que dificultan el acceso de las ONG a la financiación local y extranjera. Paralelamente, el gobierno israelí, junto con sus grupos progubernamentales y contrarios a los derechos humanos, ha llevado a cabo una campaña ofensiva mediante la cual, fuera de Israel, presiona a los financiadores para que dejen de apoyar a las ONG palestinas de derechos humanos, basándose en acusaciones de su supuesto apoyo al terrorismo.
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