En otro ejemplo de colaboración entre el gobierno de Israel y sus colonos ilegales, el Consejo de Asentamientos israelí ha comenzado a emitir órdenes de desalojo a los palestinos que instalan puestos de verduras en el Valle del Jordán ocupado, una acción que antes sólo se asociaba a las fuerzas de seguridad de la ocupación israelí. Siete palestinos han recibido este tipo de órdenes, y la agencia de noticias Wafa informó de que un palestino afirmaba haber sido amenazado a punta de pistola.
En enero de este año, el Times of Israel informó de que el Consejo iba a recibir 6 millones de dólares "para supervisar las construcciones ilegales palestinas en la zona C". Según el ministro de Asuntos de Asentamientos, Tzachi Hanegbi, "con la aprobación del primer ministro [Benjamín] Netanyahu, entramos de lleno en la campaña contra la toma hostil [sic] del Área C". Ese era el tipo de exageración israelí rutinaria utilizada para justificar la represión contra los palestinos.
Por aquel entonces, se comunicó que el consejo no estaría autorizado a tomar medidas, sino a informar sobre las llamadas construcciones "ilegales". Las solicitudes de permisos de construcción de los palestinos son rechazadas de forma rutinaria, lo que no les deja otra opción que desafiar un sistema atrincherado en el racismo y el acaparamiento de tierras simplemente para poder ganarse la vida.
Los palestinos ya se enfrentan a la exclusión en muchos aspectos, sobre todo cuando se trata de acceder a sus tierras agrícolas. La violencia de los colonos, con la protección de las fuerzas de ocupación israelíes, se ha normalizado. El siguiente paso, al parecer, es permitir a los colonos un papel más activo en la anexión de facto de territorio palestino. Mientras el gobierno israelí sigue suspendiendo la anexión formal a cambio de engañar a los Estados árabes y ampliar los Acuerdos de Abraham, su población de colonos ilegales puede operar a la vista de todos con la plena autorización del gobierno.
Una vez más, son los palestinos quienes pueden experimentar las implicaciones de tal decisión, pero no se les da el espacio para articular sus derechos. Durante décadas, las organizaciones de derechos humanos y las instituciones internacionales han documentado la violencia del Estado y de los colonos, hasta el punto de que estos informes se han reducido a resúmenes periódicos. El resultado ha sido una completa normalización de las acciones que ahora sirven de base para las implicaciones más políticas de dicha violencia.
No sólo se han pisoteado los derechos humanos. Es un error que la ONU ha promovido a lo largo de los años para evitar enfrentarse a la erosión de los derechos políticos que su Plan de Partición de 1947 y la posterior colonización sionista impusieron al pueblo palestino.
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El hecho de que la comunidad internacional haya decretado que el escenario de los derechos humanos corresponde a Palestina, no significa que la narrativa que ha impuesto al pueblo palestino sea correcta. Lo que está en juego con la decisión es que el Consejo de Asentamientos desempeñe un papel más importante en los planes de anexión de Israel. Tales decisiones políticas tendrán un impacto en los derechos humanos, por supuesto, pero la principal violación en este caso es la suposición de que los palestinos son carne de cañón para el proyecto humanitario que sostiene el paradigma de los dos Estados y, como resultado, la participación de la comunidad internacional en las etapas finales de la colonización israelí de Palestina.
Los colonos extremistas israelíes siguen incitando a los palestinos en Jerusalén - Caricatura [Sabaaneh/MonitordeOriente].
Pero, ¿se habría convertido el apartheid en un problema si no lo hubiera puesto de manifiesto el grupo de derechos israelíes B'Tselem? Ahora que las organizaciones de derechos humanos han tomado el ejemplo, el apartheid corre el riesgo de normalizarse en el contexto palestino, porque ninguna organización internacional se enfrentará a la política del apartheid y nadie cuestionará la vaguedad de tal etiqueta de derechos humanos, mientras haya una oportunidad de criticar de boquilla tal abuso de la población indígena.
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