Los tunecinos y los observadores de su experiencia democrática se preguntan hacia dónde se dirige el país. Se preguntan si existe una solución aplicable a la crisis que implique a los tres principales responsables institucionales: el jefe de Estado, el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento.
Las funciones y responsabilidades de los cargos están detalladas en la Constitución tunecina de 2014. Hay que preguntarse por ellas. Otras cuestiones están relacionadas con la situación política general del país y las actividades de los actores vinculados a los partidos y sindicatos.
La crisis es profunda en Túnez y parece imposible de resolver en un futuro próximo debido a los elementos que complican la situación y amplían la brecha entre los implicados directamente. El jefe de Estado, por ejemplo, se apoya en la legitimidad electoral, pero no tiene apoyos partidistas a los que recurrir para poner a prueba su visión de la conducción de Túnez, racionalizar sus políticas e incluso retirar algunas si es necesario y si se lo aconsejan sus bases partidistas (que no tiene). El jefe de Estado entró en la política desde una formación académica, concretamente en el nicho del "derecho constitucional". Éste se describe en la jurisprudencia como "el derecho de la organización del Estado y del control del ejercicio del poder".
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También tenemos un parlamento -la Asamblea de los Representantes del Pueblo- con muchos componentes, cuyo presidente es un líder islámico del partido que ganó la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas. Es una persona muy versada en política, con décadas de experiencia a sus espaldas. También ha experimentado el desplazamiento forzoso y el exilio, pero tiene paciencia y puede permitirse el lujo de esperar la oportunidad política adecuada para desafiar a la autoridad, al tiempo que se las arregla muy hábilmente para mover algunos hilos desde atrás.
El primer ministro, como jefe de gobierno, es el eslabón más débil. Su cargo está sometido a la presión de la presidencia y del parlamento, y tiene que lidiar con sus consideraciones contrapuestas.
La política tunecina nunca ha conocido el nivel de tensión que se manifiesta hoy en día. Dada la presencia de tendencias políticas opuestas tras la caída del régimen de Ben Ali después de la revolución y la formación de los primeros gobiernos, incluida la "Troika" -que reunía a tres fuerzas políticas de diferentes perspectivas y dimensiones-, la búsqueda de consenso ha sido la característica principal. La lógica del diálogo y la búsqueda de posiciones comunes domina el camino de la transformación democrática en el país.
Elecciones presidenciales en Túnez - [Caricatura/Arabi21]
Siguieron otros incidentes que confirmaron esta nueva lógica en la política tunecina, como fue el caso de la dimisión del gobierno de Elyes Fakhfakh, que había sido nombrado por Saied, tras las acusaciones de corrupción y conflictos de intereses. Incluso tras el nombramiento del nuevo primer ministro, Hicham Mechichi, y la aceptación por parte del parlamento de sus ministros propuestos, Saied se opuso a los nombramientos del nuevo gobierno por su implicación en la corrupción y se negó a que prestaran el juramento constitucional. Esto hizo que el propio primer ministro aceptara a los ministros propuestos por el presidente, aunque existiera un conflicto de intereses, como es el caso del ministro del Interior, Tawfiq Sharaf, que dirigió la campaña electoral del presidente Saied en el Estado de Susa, y que será destituido en unos meses, junto con los ministros de Cultura y Turismo, todos ellos afines al presidente.
La tensión entre las tres autoridades, que invocan la Constitución de 2014 y los poderes que se les otorgan en virtud de la misma, está ampliamente demostrada. Sin embargo, esto oculta sus profundas diferencias políticas mientras Túnez paga el precio a través de la economía, la sociedad y la estabilidad necesaria para el desarrollo.
La profundidad de la crisis presidencial tunecina refleja la falta de confianza mutua entre Saied, Ghannouchi y Mechichi, y los diversos componentes que los apoyan por detrás. El debate constitucional que regula esta crisis -a pesar de la debilidad de sus fundamentos y de su incompatibilidad con el documento constitucional en algunos aspectos- muestra que una nueva interpretación del texto pretende cambiar su espíritu y crear confusión a través de significados incoherentes con los fines previstos de sus normas y disposiciones. Esto se deduce de las posiciones de Ghannouchi y Mechichi. Quien sigue las interpretaciones de Saied puede percibir su empeño en resaltar lo que él imagina que es su posición como presidente, aunque sea contrario a la letra y al espíritu de la Constitución. Quienes redactaron la Constitución trataron de eliminar el carácter presidencialista del régimen que se observó a lo largo del gobierno de Habib Bourguiba y que confirmó su sucesor Zine El Abidine Ben Ali.
La esencia de la nueva Constitución tunecina es que eliminó este carácter presidencialista del régimen y preservó competencias equilibradas para la institución de la presidencia. Los jefes del parlamento y del gobierno dejan claro que el papel del presidente debe ser limitado, ya que el gobierno está legitimado por la elección legislativa y cuenta con la aprobación del parlamento, de modo que la esencia del ámbito político se limita a estas dos instituciones.
Es evidente que la lógica del conflicto no sirve a los intereses de Túnez y de su pueblo. Este último está ansioso por recoger los beneficios de los sacrificios que hizo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto parece cada vez más improbable y podría ser incluso imposible.
Este artículo apareció por primera vez en árabe en Arabi21 el 3 de mayo de 2021
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