Lo que básicamente ha llevado a la última ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza es muy sencillo: la actual política israelí de acaparar toda la tierra posible en Palestina; es una política que lleva décadas siendo imparable. Esta política es una herramienta para el expansionismo israelí, que produce más palestinos desplazados casi a diario. En esta ocasión, como a menudo en el pasado, se incrusta en la ilusión de que los sucesivos gobiernos israelíes, independientemente de su inclinación política hacia la izquierda o la derecha, son simples e inocentes administraciones que defienden la ley de manera justa e imparcial. Es otra forma de decir que Israel, al reforzar el Estado de Derecho, se atiene a los principios democráticos como cualquier otra democracia. Lo cual no es así.

No hay que olvidar que uno de los principales impulsores de la actual agresión contra Gaza fue el desalojo planificado -limpieza étnica- de familias palestinas de sus hogares en Sheikh Jarrah, un suburbio de la Jerusalén ocupada. Se pretende entregar sus casas a los colonos ilegales, que son los soldados de a pie de la política de acaparamiento de tierras. Todo esto se camufla cuidadosamente con afirmaciones engañosas de que se está haciendo justicia a través de un sistema judicial independiente y justo.

La comunidad internacional, en particular Estados Unidos y Europa, tiende a abstenerse de comentar estas sentencias judiciales dando por sentado que el poder judicial israelí funciona de forma independiente y que las sentencias deben respetarse. Las impugnaciones legales, insisten, deben tener lugar dentro del mismo sistema. Esta suposición no pasa un examen minucioso.

Con el paso del tiempo, la mayoría de las sentencias de los tribunales israelíes se convierten en algo rutinario y no se vuelven a discutir. Esto ha ocurrido una y otra vez, y la última batalla judicial sobre Sheikh Jarrah no es una excepción. Un grupo de colonos, alentados y protegidos por el gobierno israelí, reclamó la propiedad de viviendas palestinas, llevó el caso a los tribunales y ganó. Tras perder estas batallas judiciales, las familias palestinas suelen acabar en la calle. La familia Dajani es un buen ejemplo. Lleva décadas enzarzada en batallas legales en los tribunales tratando de conservar la casa en la que viven desde los años 50, mucho antes de que Israel ocupara la zona en 1967. Han perdido la lucha y se les ha ordenado que se marchen antes del 1 de agosto.

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Envalentonados por esta victoria, los colonos se movilizaron para ayudar a otros a reclamar más viviendas en el barrio. El mismo patrón se ha repetido desde la década de 1970, y las víctimas son siempre las mismas: los palestinos, para quienes una victoria legal es extremadamente rara. Hay que tener en cuenta que, según el derecho internacional, Israel es la potencia ocupante en Sheikh Jarrah, y sus tribunales no tienen jurisdicción sobre los palestinos en el territorio ocupado, ni soberanía legal sobre la propia tierra. Las sentencias judiciales, por tanto, no son válidas.

El sistema legal israelí es un código de estilo apartheid que favorece a los judíos, incluso cuando son inmigrantes recientes de otros países sin ninguna conexión con Palestina. No obstante, las sentencias injustas y realmente ilegales siempre se aprueban, proporcionando un barniz legal que permite arrebatar más tierras a sus legítimos propietarios, el pueblo de la Palestina ocupada. Todo lo relacionado con la tierra se enfrenta a dificultades "legales" similares. Es casi imposible, por ejemplo, que los ciudadanos palestinos obtengan licencias de construcción, lo que les obliga a construir o ampliar sus casas sin permiso de las autoridades ilegales que ocupan la tierra. Las mismas autoridades de ocupación israelíes ordenan entonces a los propietarios que derriben ellos mismos los edificios o que paguen a Israel para que haga el trabajo en su nombre. Estas demoliciones están siempre respaldadas por una orden judicial, de un poder judicial que no tiene jurisdicción legal en la zona.

Además, una orden de demolición también puede ir acompañada de la retirada del permiso de residencia "concedido" por las autoridades de ocupación a los palestinos nacidos y criados en Jerusalén. Así es como se utilizan los tribunales -los tribunales sin jurisdicción real- para acelerar la judaización de la ciudad por parte de Israel mediante un cambio demográfico forzado; es una limpieza étnica más.

Es una historia similar con los terrenos y espacios públicos. La tierra es confiscada por Israel con el pretexto de la "seguridad nacional", el "beneficio público" o la "propiedad disputada". En cualquier caso, los palestinos autóctonos siempre salen perdiendo.

Israel y sus grupos de presión en las capitales de todo el mundo han impulsado esta narrativa falsa con tanto éxito que los responsables occidentales, en particular, la aceptan sin rechistar. A sus ojos, Israel es una democracia que aplica el Estado de Derecho por igual a todos sus ciudadanos. Los defectos que Washington, Londres, Berlín y París pasan por alto son que los ciudadanos palestinos de Israel son discriminados a todos los niveles, y hay leyes que lo imponen; y los palestinos bajo ocupación están sometidos a un régimen militar -la extrañamente llamada "administración civil"- y no son ciudadanos en absoluto. Las leyes y los convenios internacionales que deberían protegerlos se dejan de lado por considerarlos irrelevantes.

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En realidad, por lo tanto, todo el sistema jurídico israelí, hasta el Tribunal Supremo, es una farsa, porque ignora el hecho fundamental de que Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza son territorios legal y prácticamente ocupados. Cualquier sistema legal que funcione como si no fuera así es fatalmente defectuoso, y fundamentalmente discriminatorio, y por lo tanto no merece ningún respeto.

Los habitantes de la Palestina ocupada, y en particular los de Sheikh Jarrah (cuya situación no es una excepción, sino la norma), no tienen otro recurso que el sistema que es básicamente corrupto y cómplice de su situación en primer lugar. ¿Qué otra opción tienen que no sea salir a la calle a protestar? Ante las recientes protestas (reprimidas con gran brutalidad por la policía israelí), el Tribunal Supremo de Israel aplazó su decisión sobre los desalojos, pero sólo está retrasando lo que parece ser inevitable.

La situación en Sheikh Jarrah es un recordatorio de que, a menos que el mundo adopte una postura firme, más allá de las habituales condenas blandas, el ciclo de limpieza étnica se repetirá. Israel quiere, como mínimo, una proporción de 70:30 de judíos y árabes palestinos en el barrio, por lo que estos últimos seguirán enfrentándose a los tribunales de apartheid hasta conseguirlo. La desposesión de los palestinos continuará hasta que se haga entender a Israel que su limpieza étnica de Palestina conlleva un coste para el Estado del apartheid. Si eso no ocurre, las perspectivas de paz y justicia a largo plazo son remotas.

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