Aunque la ofensiva militar de Israel contra Gaza puede haber restado protagonismo a la expulsión de familias palestinas de Jerusalén, su intento de provocar cambios demográficos en la ciudad ocupada y de controlar el Noble Santuario de Al-Aqsa tiene graves consecuencias para la lucha por la liberación de la Palestina ocupada. El desencadenante de las crisis actuales fue el desalojo de familias palestinas de Sheikh Jarrah, un barrio predominantemente palestino de Jerusalén Este, a poco más de un kilómetro y medio al norte de la Ciudad Vieja, en la carretera del monte Al-Masharif. Esto se convirtió en una espiral de protestas antes de que la policía israelí atacara a los fieles en el interior de la mezquita de Al-Aqsa en la auspiciosa noche de Al-Qadr, el 10 de mayo.

Al final de la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel se hizo con el control de Jerusalén Este, acordó mantener el statu quo en Al-Aqsa, que incluye las mezquitas de la Cúpula de la Roca y de Qibli, dejando su custodia al Ministerio jordano de Dotaciones Religiosas. A los judíos se les permitió acceder al Muro de Al-Buraq ("el Muro de las Lamentaciones"), en el lado occidental de Al-Aqsa. Sin embargo, a lo largo de los años, Israel no sólo ha expulsado a los musulmanes palestinos de la ciudad, sino que les dificulta cada vez más el acceso a la mezquita de Al-Aqsa.

La población de colonos israelíes ilegales en Jerusalén está creciendo a un ritmo más rápido que la población de Israel. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel, la población total de Jerusalén era de 882.700 habitantes en 2016, con 536.600 judíos, 319.800 musulmanes, 15.800 cristianos y 10.300 sin clasificar.

Hasta principios del siglo XX, los musulmanes eran mayoría en la ciudad. Según los registros fiscales de la época otomana, recogidos por los autores Amnon Cohen y Bernard Lewis en su libro Population and Revenue in the Towns of Palestine in the Sixteenth Century (Población e ingresos en las ciudades de Palestina en el siglo XVI), la población judía en 1553 era de 1.958 personas; también había 12.154 musulmanes y 1.956 cristianos en una población total de 16.068 personas.

Michal Oren-Nordheim y Ruth Kark recogen en su libro Jerusalem and Its Environs: Quarters, Neighbourhoods, Villages, que en 1832 la ciudad tenía 4.000 judíos, 13.000 musulmanes y 3.560 cristianos. Según investigaciones y estadísticas jordanas, el número de judíos en Jerusalén alcanzó los 10.000 en 1918, mientras que los musulmanes rondaban los 30.000.

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Sin embargo, un censo realizado por los británicos cinco años después de la Declaración Balfour de 1917 reveló una historia diferente. El número de judíos había aumentado a 33.971 en 1922, mientras que los musulmanes seguían siendo 13.413; el número de cristianos era de 14.669. La población total de la ciudad se registró en 62.578 habitantes.

Los investigadores Manashe Harrel y Ori Stendel registraron la población judía de Jerusalén en 1944 en 97.000 personas, los musulmanes en 30.600 y los cristianos en 29.400. Poco después de la guerra de 1967, dijeron, la población judía era de 195.700, los musulmanes 54.963 y los cristianos 12.646. La población total de la ciudad en el momento de la guerra era de 263.307 habitantes.

A lo largo de los años, Israel ha promulgado leyes discriminatorias para expulsar a los musulmanes de la ciudad. Así, si una mujer musulmana se casa fuera de Jerusalén, pierde el derecho a vivir y tener propiedades en ella, aunque haya nacido en ella. Esta ley va en contra de todos los principios de igualdad y justicia de género. Un palestino que sale de la ciudad para trabajar o estudiar puede encontrarse con que se le prohíbe volver a su casa.

Hace unos años visité Jerusalén. Durante mi estancia, una casa de dos plantas perteneciente a una familia palestina en la Ciudad Vieja fue ocupada por colonos judíos mientras estaban fuera de la ciudad para asistir a la boda de un pariente. Cuando regresaron al cabo de una semana, encontraron sus pertenencias en la calle y a una familia judía viviendo en la casa. Les dijeron que las autoridades habían adjudicado la propiedad a una familia judía al encontrarla "abandonada y cerrada". Este no fue un incidente aislado.

Una historia similar se ha repetido en Sheikh Jarrah, un barrio palestino comparativamente próspero y conocido por sus restaurantes árabes y marroquíes. La localidad, que lleva el nombre de un médico del siglo XII cuya tumba contiene, alberga también un palacio otomano, convertido ahora en hotel. En 1956, Jordania, que era la autoridad gobernante en Jerusalén Este en ese momento, trasladó a 28 familias palestinas desplazadas por las milicias judías en 1948 a nuevas viviendas construidas por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS). Se les concedió la propiedad de los inmuebles en un plazo de tres años a cambio de que renunciaran a su condición de refugiados. Sin embargo, en 1972 los grupos de colonos reclamaron que la tierra era de propiedad judía. Se les dio respaldo legal en Israel para cobrar a las familias palestinas un alquiler. Desde 2002, decenas de palestinos han sido desalojados del barrio y, desde principios del año pasado, los tribunales israelíes han ordenado el desalojo de otras trece familias.

La combinación de herramientas políticas, sociales y económicas utilizadas por las autoridades de ocupación israelíes para judaizar Jerusalén y crear un equilibrio demográfico a favor de los judíos es uno de los retos más formidables para la seguridad de la zona. Un ejemplo de esta judaización fue la reciente decisión de Israel de no permitir a los palestinos autóctonos que viven en Jerusalén participar en las elecciones legislativas previstas para el 22 de mayo. La Autoridad Palestina "pospuso" debidamente las elecciones.

En Jerusalem Quarterly, el director de la Oficina Central de Estadística de Palestina en Ramallah, Luay Shabbaneh, afirmó que la AP ha tenido prohibido prestar servicios en la ciudad durante años. Mientras tanto, los servicios públicos prestados por Israel no se distribuyen equitativamente entre los residentes de la ciudad. "Estas disparidades someten a los residentes a una presión continua para que abandonen la ciudad y escapen a las prohibiciones de construcción y a los elevados costes de obtención de un permiso de construcción que oscilan entre 25.000 y 30.000 dólares, un coste elevado para los palestinos", afirmó.

Según un estudio realizado por Meir Margalit, antiguo concejal de Jerusalén, el coste de una licencia de construcción para un apartamento de 200 metros cuadrados en zonas palestinas es de casi 100.000 dólares, una suma exorbitante para cualquiera, sobre todo para los palestinos con un potencial de ingresos limitado debido a la ocupación. La tasa excluye los cargos adicionales por conectar la propiedad a la red de alcantarillado o contratar abogados, por ejemplo. Su objetivo es obligar a la población palestina a abandonar la ciudad "voluntariamente" porque se le está haciendo la vida demasiado difícil.

Aparte de la ingeniería del cambio demográfico, las autoridades de ocupación israelíes también están dificultando cada vez más el acceso de los palestinos al Noble Santuario de Al Aqsa, negándoles el derecho a practicar su religión libremente. Esto se puso de manifiesto cuando Israel impidió recientemente la visita del príncipe heredero jordano Hassan Bin Abdullah, a pesar de ser el custodio oficial de la mezquita.

Mientras que a los turistas se les permite visitar Al-Aqsa, Israel no permite a los palestinos que viven a pocos kilómetros en la Cisjordania ocupada visitar el lugar sagrado. Los residentes de Belén, ciudad palestina situada a sólo 10 kilómetros al sur de Jerusalén, desde donde pueden ver las cúpulas de las mezquitas de Al-Aqsa, no pueden viajar hasta allí. Un profesor de una escuela gestionada por la ONU en Belén me dijo que había visitado la ciudad hace catorce años, pero que ahora sólo puede contemplar las cúpulas desde la distancia y asombrarse de la fortuna de sus compatriotas que pueden rezar allí. Los colonos judíos, por su parte, son escoltados en Al-Aqsa por las fuerzas de seguridad israelíes y realizan rituales talmúdicos en el santuario.

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Este apartheid religioso se ve agravado por las carreteras exclusivas para colonos de las que los palestinos tienen prohibido desplazarse por Cisjordania. La infraestructura del apartheid incluye cientos de puestos de control militares fijos y volantes y, por supuesto, el infame Muro del Apartheid, que impiden a los palestinos realizar sus legítimos negocios, estudios y visitas familiares. Incluso se les impide acceder con facilidad a los hospitales y a otros servicios sanitarios.

Por tanto, al crimen del apartheid hay que añadir la limpieza étnica a la lista de crímenes de guerra y de lesa humanidad que sin duda hay que imputar a Israel y a sus dirigentes. Para ello, el pueblo de la Palestina ocupada necesita un liderazgo fuerte, como el que se ha visto en las últimas semanas; un liderazgo más joven y dinámico que quiera realmente liberar la tierra. Si hemos aprendido algo de la historia, es que colaborar con los opresores es un error moral y legal. Tiene que terminar para que la tierra de Palestina pueda ser libre una vez más.

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