La policía israelí lanzó ayer una campaña de detenciones a gran escala contra ciudadanos palestinos de Israel en el marco de una dura represión de las protestas que estallaron contra los brutales ataques del Estado de ocupación en Gaza, así como contra la prevista expulsión de palestinos del barrio ocupado de Sheikh Jarrah de Jerusalén Oriental.
Miles de agentes de la policía fronteriza israelí y brigadas de reserva comenzaron a trabajar en la detención de más de 500 árabes-israelíes en el marco de una campaña bautizada como "Operación Ley y Orden", con la que supuestamente se espera "ajustar cuentas" con los árabes por su participación en las protestas.
Como parte de la campaña, las fuerzas están llevando a cabo detenciones violentas, presentándose en los domicilios e intimidando a los menores y a las familias en sus empobrecidas comunidades de todo Israel.
En las últimas dos semanas, Israel ha detenido a más de 1.550 ciudadanos palestinos de Israel y ha acusado a 150 de ellos de provocar desórdenes.
Yedioth Ahronoth informó de que 500 de los árabes que participaron en las manifestaciones fueron clasificados por la policía como delincuentes.
El director del Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), Hasan Jabareen, denunció la campaña de detenciones como una "declaración de guerra contra los manifestantes, activistas políticos y menores palestinos para vengarse de ellos por sus recientes posiciones políticas y nacionales".
Mientras que Israel ha descrito la campaña como destinada a restablecer el orden y la disuasión contra los "alborotadores" y los "delincuentes" implicados en los supuestos ataques a "judíos" durante las dos últimas semanas, los ciudadanos palestinos de Israel han mantenido que su objetivo es intimidar y disciplinar a quienes participaron en las recientes protestas y aplastar su resistencia y resistencia al régimen colonial y de apartheid de Israel y a la violencia de bandas de colonos.
Por otra parte, las turbas judías implicadas en los ataques contra los hogares y las propiedades de los ciudadanos palestinos de Israel, incluido el asesinato de uno en la ciudad central de Lod, no han sido detenidas ni acusadas.
En Israel viven unos 2,5 millones de palestinos. En un informe reciente, Human Rights Watch advirtió que los ciudadanos palestinos de Israel se enfrentan a "una discriminación institucional... que incluye restricciones generalizadas para acceder a las tierras que les han sido confiscadas, demoliciones de viviendas y prohibiciones efectivas de reunificación familiar."
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