Sesenta y cuatro organizaciones han pedido a las autoridades egipcias que pongan fin a la represión de las organizaciones independientes y la disidencia pacífica.
En la declaración se reitera el llamamiento a la creación de un mecanismo de supervisión y presentación de informes sobre Egipto en el Consejo de Derechos Humanos.
Es la continuación de una declaración conjunta emitida por 30 países en marzo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que se criticaba la situación de los derechos humanos en Egipto.
El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio respondió que se trataba de una injustificable "politización" de los derechos humanos y un pretexto para encubrir sus propias y continuas violaciones de derechos.
"Seguimos muy preocupados por el arresto arbitrario, la detención y otros acosos judiciales a los defensores de los derechos humanos", decía el comunicado. "Entre los detenidos injustamente se encuentran los directores de ONG Mohamed Al-Baqer y Ezzat Ghoniem; los investigadores de derechos humanos Patrick George Zaki e Ibrahim Ezz el-Din; y los abogados Mahienour al-Massry, Haytham Mohamdeen y Hoda Abdelmoniem".
"El fundador y director del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS), Bahey Eldin Hassan, fue condenado a una escandalosa pena de 15 años de prisión en ausencia", continúa el comunicado.
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Las organizaciones también criticaron las prohibiciones de viajar, la congelación de activos, la llamada ley del terror, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura, los juicios masivos, la detención preventiva y la denegación deliberada de asistencia sanitaria, que se utilizan habitualmente como medidas punitivas contra los defensores de los derechos humanos por participar en los mecanismos de la ONU.
También expresó su profunda preocupación por la represión de los periodistas independientes y los medios de comunicación, con el bloqueo de cientos de sitios web y la detención de periodistas como Israa Abdelfattah e Ismail Iskandarani.
"Compartimos la preocupación de la Alta Comisionada por los preocupantes patrones de desplazamiento forzoso, desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos a los detenidos en la península del Sinaí", dice la declaración.
"Tomamos nota de su llamamiento a las autoridades egipcias para que reconozcan que, como en todos los países que se enfrentan a problemas de seguridad y al extremismo violento, privar a las personas de sus derechos no hará que el Estado sea más seguro, sino más inestable".
Los firmantes, entre los que se encuentran Amnistía Internacional, Baytna y el Comité por la Justicia, señalaron que las autoridades no han abordado la omnipresente violencia sexual y de género y que han atacado a los defensores de los derechos humanos de las mujeres.
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