La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW) ha informado al Consejo de Seguridad de la ONU de que, de los 77 incidentes de ataques químicos atribuidos al régimen sirio que ha investigado, en 17 de ellos se descubrió probable o definitivamente la presencia de estas sustancias ilegales.
El jefe de la OPCW, Fernando Arias, describió la incertidumbre sobre la continuidad del programa de armas químicas de Siria y su presunto arsenal como "una realidad inquietante", y reveló que el régimen del presidente Bashar Al-Assad sigue siendo sospechoso de haber cometido 17 ataques químicos contra su población civil.
Arias también reveló que informó al régimen de sus intenciones de enviar un equipo de la OPCW a Siria para continuar con las investigaciones entre el 18 de mayo y el 1 de junio y que había solicitado visados, pero no recibió ninguna respuesta. "Decidí posponer la misión hasta nuevo aviso", añadió.
En las próximas consultas y reuniones de su organización con Damasco, dijo, una prioridad a tratar será "la presencia de un nuevo agente de armas químicas encontrado en las muestras recogidas en grandes contenedores de almacenamiento en septiembre de 2020."
A lo largo de la década que dura el conflicto sirio, han surgido numerosos informes sobre ataques con armas químicas, de los que se acusa al régimen de haberlos llevado a cabo. Tras adherirse finalmente a la OPCW a instancias de su aliada Rusia, Assad anunció en 2014 que había destruido por completo sus arsenales de armas químicas y desechado el programa.
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Sin embargo, tras nuevos ataques químicos a lo largo de los años, especialmente en 2017 y 2018, la comunidad internacional y la OPCW han puesto en duda que el régimen haya destruido realmente sus arsenales. A principios de este año, un alto funcionario de la ONU también admitió que no estaba seguro de que Damasco se hubiera deshecho de sus armas químicas.
Mientras tanto, Damasco y Moscú han negado repetidamente que el régimen haya realizado los ataques. Los atribuyen a los grupos de la oposición y a los equipos de defensa civil, y alegan que pretendían inculpar a Assad.
Rusia respondió ayer al anuncio de la OPCW. Su embajador ante la ONU, Vassily Nebenzia, acusó al organismo de control de recoger escasas pruebas de "pseudo testigos" y "fuentes sesgadas opuestas al gobierno sirio".
Expresando su preocupación por la supuesta "creciente politización del trabajo del organismo, iniciada por nuestros colegas occidentales", Nebenzia llegó a cuestionar la legitimidad de la OPCW. Afirmó que fue "establecida de forma ilegítima. No se puede esperar que Siria coopere con ella".
La embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, y el embajador adjunto de Estados Unidos, Richard Mills, condenaron las posturas adoptadas por Siria y Rusia. Insistieron en que ambos se coordinan en la difusión de desinformación y les pidieron que cooperen con el organismo internacional de vigilancia.
El 21 de abril, la OPCW suspendió el derecho de voto de Siria hasta que se resolvieran todas las cuestiones pendientes, tras las peticiones de Francia y una votación sin precedentes.