Egipto es uno de los diez países en los que Apple Inc. no ofrecerá su nuevo servicio de transmisión privada, una función que evitará que los proveedores de servicios y los anunciantes puedan acceder al comportamiento del navegador web de un usuario.
Apple anunció el servicio de retransmisión privada en su conferencia anual de software el lunes.
El servicio de retransmisión privada tampoco se ofrecerá en China, Bielorrusia, Colombia, Egipto, Kazajistán, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turkmenistán, Uganda y Filipinas.
Un usuario de Twitter escribió: "@Apple Gracias por ayudar a algunas dictaduras".
El motivo por el que Apple ha excluido a Egipto aún no está claro, Madr Masr dijo en una publicación de Twitter que Apple ha dicho que no ofrece el servicio en China por "razones regulatorias".
En 2018 Apple movió las claves digitales para que las autoridades pudieran acceder a los datos de iCloud de los usuarios chinos a través de los tribunales nacionales.
China está llevando a cabo una operación de vigilancia masiva que incluye a su población minoritaria uigur en la provincia de Xinjiang, en el Turquestán Oriental.
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En los últimos años, las autoridades egipcias han aumentado la censura en línea, han bloqueado sitios web y han atacado a defensores de los derechos humanos y periodistas.
Desde el golpe de Estado de 2013, la policía egipcia ha ampliado su sistema de vigilancia para controlar las redes sociales en busca de llamamientos a la protesta, huelgas y la llamada inmoralidad.
En 2020, el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi ratificó la Ley de Protección de Datos Personales que, según las autoridades, regula la recogida y el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos y residentes egipcios.
Sin embargo, el presidente, el Ministerio de Defensa, el ministro del Interior y el servicio general de inteligencia están exentos de la obligación de proteger los datos personales de los usuarios, según la web de seguridad digital Access Now.
Una Ley de Ciberdelincuencia de 2018 exige que las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet almacenen durante 180 días los datos de las actividades en línea de sus usuarios, a los que las autoridades pueden acceder.
Si la información no se entrega a las autoridades gubernamentales cuando se solicite, esto puede suponer una condena de tres meses de prisión y una multa de entre 200.000 y 1 millón de libras egipcias, aproximadamente entre 12.000 y 64.000 dólares.
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