Arabia Saudí ha sido condenada por grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, tras la ejecución de un joven de la minoría chií del reino por un supuesto delito que cometió cuando era menor de edad.
El Ministerio del Interior anunció ayer que Mustafa Hashem Al-Darwish, de 26 años, había sido ejecutado tras confirmarse su condena a muerte a principios de este mes.
Al-Darwish fue detenido cuando tenía 17 años, en mayo de 2015, y acusado de actos de "rebelión" por participar en manifestaciones antigubernamentales en la región de mayoría chiíta de Qatif, en la provincia oriental.
"Al llevar a cabo esta ejecución, las autoridades saudíes han hecho gala de un deplorable desprecio por el derecho a la vida", ha declarado Amnistía Internacional en un comunicado.
"Es la última víctima del sistema de justicia profundamente defectuoso de Arabia Saudí, que ve regularmente a personas condenadas a muerte tras juicios manifiestamente injustos basados en confesiones obtenidas mediante tortura."
BREAKING: Mustafa Hashem al Darwish was executed today - on Tuesday, June 15, 2021. He was a child defendant in Saudi Arabia. His family were given no warning and found out by reading the news.
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— Reprieve (@Reprieve) June 15, 2021
Según el grupo de derechos Reprieve "La ejecución de Mustafá al Darwish demuestra una vez más que la afirmación del Reino de haber eliminado la pena capital para los delitos contra menores no es cierta".
También afirmaron que su familia no recibió ningún aviso previo a la ejecución, y que sólo se enteró por Internet.
Los familiares de Al-Darwish, que habían advertido de que existía un "riesgo inmediato" de que se ejecutara su condena a muerte, habían solicitado la ayuda del ministro de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, para pedir su liberación durante su visita al reino a principios de este mes. Sin embargo, no está claro si Raab planteó su caso en su reunión con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman.
La ejecución se llevó a cabo a pesar de que el año pasado un decreto real decretó que los delitos cometidos por menores de edad ya no serían castigados con la muerte, recibiendo los autores una pena de diez años de cárcel en su lugar. Sin embargo, los medios de comunicación estatales nunca informaron del decreto ni lo publicaron en el boletín oficial, como sería la práctica habitual. La Comisión de Derechos Humanos, respaldada por el Estado, también dijo a Reuters en febrero que la prohibición sólo se aplicaría a los delitos menos graves. El decreto se aplicó a tres jóvenes chiíes ese mismo mes.
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