El 15 de julio de 2013, cuatro hombres abandonaron la sentada de Rabaa, subieron a un coche y se alejaron de las protestas. Al salir de la plaza vieron a otro hombre herido y lo recogieron, con la intención de llevarlo al hospital más cercano.
Cuando intentaron abandonar la zona, fueron detenidos en un control policial e interrogados por soldados sobre dónde habían estado ese día. Uno de los agentes registró sus teléfonos y vio que dos de los hombres, hermanos, estaban relacionados con un profesor de la Universidad de Al-Azhar, al que reconocieron como un alto miembro de los Hermanos Musulmanes.
Muhammad y Mustafa Al-Farmawi, Ahmed Mohamed y Haitham Mahmoud, jóvenes de entre 20 y 30 años, fueron detenidos en el acto y posteriormente condenados a tres años de prisión por presunto uso de la violencia contra la policía y los civiles.
Un mes después de su detención, envalentonado por la impunidad con la que habían utilizado la violencia contra los manifestantes y los habían encarcelado, el ejército egipcio orquestó la masacre más brutal de la historia moderna de Egipto. Los tanques rodearon la plaza de Rabaa, donde se habían reunido los manifestantes antigolpistas. Los soldados dispararon a los manifestantes, los arrollaron con sus tanques y prendieron fuego a las tiendas de campaña.
Miles de personas fueron detenidas el día de la masacre, torturadas y condenadas en juicios masivos. Cerca de 1.000 murieron. Muchos fueron ejecutados, pero ni las víctimas ni sus familias han conseguido nunca que se haga justicia por ese día, ya que los altos mandos del ejército han eludido el castigo. En cambio, son las personas que salieron a la calle para alzar su voz contra la tiranía y la opresión, y sus familias, las que languidecen en prisión.
Poco después de la masacre de Rabaa, el régimen actual ilegalizó a los Hermanos Musulmanes, lo que supuso la culminación de su implacable represión contra sus miembros. Desde entonces, miles de opositores políticos han sido acusados de pertenecer al grupo y de apoyar o financiar un grupo terrorista, incluso si eran críticos abiertos de la organización o miembros de una religión diferente.
Una de las formas más brutales en que se ha manifestado esta opresión es el sorprendente aumento del número de ejecuciones y condenas a muerte que se dictan. En abril, Amnistía anunció que se había producido un aumento del 300% en las ejecuciones en Egipto y que El Cairo se había convertido en el tercer país del mundo con más ejecuciones.
Como si fuera totalmente ciego a la oleada de informes que ponen la crisis de la pena de muerte en Egipto en el centro de un llamamiento urgente a la comunidad internacional, el lunes llegó a los titulares que el más alto tribunal de apelación de El Cairo había confirmado la sentencia de muerte contra 12 miembros de los Hermanos Musulmanes que estaban siendo acusados por lo que se ha conocido como "la dispersión de la sentada de Rabaa".
VÍDEO: Egipto mantiene la pena de muerte a 12 miembros de los Hermanos Musulmanes por los sucesos de Rabaa
Entre estos hombres había altos dirigentes, pero también los cuatro hombres que fueron detenidos en el control policial hace ocho años. Los dos hermanos y sus amigos deberían haber sido liberados en 2016, pero en 2015 -cuando habían cumplido dos años de su condena- se presentaron nuevos cargos contra ellos.
La Red Egipcia para los Derechos Humanos (ENHR) está poniendo de relieve los casos de estos cuatro hombres en particular, calificando de "crimen de Estado" el hecho de que la ley egipcia no permita castigar a un acusado dos veces por el mismo delito.
La ENHR ha señalado que los segundos cargos presentados contra los hombres son los mismos -presunto uso de la violencia contra la policía y los civiles-, pero que el caso se denomina "dispersión de la sentada de Rabaa", que en realidad tuvo lugar mientras ellos llevaban un mes detenidos.
Amnistía dice que el juicio inicial en 2018 fue defectuoso, con 739 acusados hacinados en la misma audiencia judicial al mismo tiempo. Lo que Reprieve ha llamado el "complejo de juicios masivos" de Egipto va viento en popa: más de 2.000 personas han sido condenadas a muerte en el marco de estos juicios masivos desde 2011.
En octubre y noviembre del año pasado, Egipto ejecutó al menos a 57 personas, lo que probablemente sea una subestimación, ya que es difícil obtener estadísticas sólidas debido a la falta de transparencia. Desde 2011, al menos 17 niños han sido condenados a muerte, lo que va en contra de la ley egipcia de menores.
En mayo, el padre Isaiah fue ahorcado tras ser condenado por matar a un obispo tras una confesión por la que fue torturado, un fenómeno común y alarmante.
Hay un elemento de crueldad en estas ejecuciones, más allá del propio ahorcamiento. El hermano del padre Isaías había ido a verlo a la cárcel el sábado. Mientras se alejaba, Samuel no sabía que sería la última vez que lo vería con vida; se enteró el domingo, cuando recibió una llamada telefónica de las autoridades de la prisión pidiéndole que recogiera el cuerpo. Después de hacerlo, se impidió a la familia dar al padre Isaías un entierro adecuado.
Según la ENHR, actualmente hay 68 personas en Egipto que corren el riesgo de ser ejecutadas de forma inminente, incluidos los cuatro jóvenes detenidos en el control policial de julio de 2013. Todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y, desde luego, nadie debería perder la vida por una confesión hecha para que cesen las torturas.
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