Israel firmó ayer una declaración presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUR) en la que insta a China a permitir el acceso de observadores independientes a su región occidental de Xinjiang, donde, según los expertos de la ONU, casi un millón de uigures y otras minorías han sido detenidos ilegalmente en campos de concentración.
La decisión, la primera de este tipo por parte de Israel, se produjo tras la presión ejercida por la administración del presidente estadounidense Joe Biden, informó Walla News.
La declaración conjunta -respaldada por Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y EE.UU.- citaba informes sobre torturas o tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes, esterilización forzada, violencia sexual y de género y separación forzada de niños de sus padres.
Pekín niega todas las acusaciones de abusos contra los uigur y describe los campos como instalaciones de formación profesional para combatir el extremismo religioso.
"Informes creíbles indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente en Xinjiang y que existe una vigilancia generalizada que afecta de forma desproporcionada a los uigur y a los miembros de otras minorías, así como restricciones a las libertades fundamentales y a la cultura uigur", señala la declaración conjunta.
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"Instamos a China a que permita el acceso inmediato, significativo y sin restricciones a Xinjiang de los observadores independientes, incluido el Alto Comisionado", añadía.
Según el informe de Walla, el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, decidió acceder a la petición del Departamento de Estado de EE.UU. de respaldar la medida, tras un largo debate en el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las posibles consecuencias de la misma.
Sin embargo, Israel, que considera a China como uno de sus socios comerciales más importantes, no emitió una declaración pública explicando su respaldo al llamamiento de ACNUR, en un aparente intento de mantener un perfil bajo y evitar enfadar a Pekín.
Desde 2017, China ha llevado a cabo abusos masivos y sistemáticos contra los musulmanes que viven en Xinjiang.
La supuesta erosión por parte de China de los derechos religiosos, culturales y humanos de más de un millón de musulmanes de etnia uigur en Xinjiang en la última década ha enfurecido a los países occidentales, provocando sanciones contra funcionarios y empresas chinas.
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