En Whitehall aún resuenan los ecos del caso Hancock. No ha sido la primera, y seguramente no será la última vez que un político sea descubierto públicamente. La historia está repleta de ejemplos de relaciones extramatrimoniales en el seno de la clase política británica, desde el cargo más alto del país hasta el más bajo.
Hasta la fecha, los medios de comunicación han dedicado la mayor parte de su cobertura a la "hipocresía" del ex secretario de Sanidad y a su descarado desprecio por las normas que él mismo redactó. Mientras algunos han debatido sobre la existencia y la conveniencia de tener cámaras de vídeovigilancia en los despachos ministeriales, otros se han centrado exclusivamente en las consecuencias políticas del asunto.
Inevitablemente, una de las primeras preguntas que se le hizo al sucesor de Hancock, Sajid Javed, fue si había comprobado en el despacho si las cámaras seguían en funcionamiento. Su respuesta fue un confiado no.
El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha abierto una revisión urgente de la seguridad en el edificio. Una parte central de la investigación consistirá en averiguar quién entregó las imágenes de las cámaras de seguridad al periódico The Sun. En este sentido, las especulaciones son abundantes. Personas de Whitehall han descrito el asunto como una "violación masiva de la seguridad".
Centrándose aún en este aspecto, la vicepresidenta del Partido Laborista, Angela Raynor, ha pedido una "investigación a gran escala" y ha advertido de los graves riesgos de seguridad que supone que los ministros utilicen sus cuentas personales para discutir información sensible. Así se ha denunciado en el caso Hancock.
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¿Qué pasaría si Estados hostiles, Rusia o China, se hicieran con información clasificada pirateando los correos electrónicos personales de los ministros? Es una pregunta válida e importante.
Sin embargo, en medio de todo esto, ha habido un escaso reconocimiento de las verdaderas víctimas de esta tragedia, especialmente los hijos de las familias ahora rotas y los cónyuges que han quedado para recoger los pedazos.
La cobertura mediática contrasta notablemente con la frecuente preocupación farisaica por los derechos de las mujeres musulmanas en Gran Bretaña, Arabia Saudí y el Golfo, por ejemplo. Está bien documentada la descripción que hace el primer ministro Boris Johnson de las mujeres musulmanas como víctimas desventuradas de hombres opresores. A menudo se pone en la picota a los musulmanes por adoptar un enfoque de tolerancia cero ante el adulterio, pero nunca se pide la opinión de las víctimas de los asuntos adúlteros.
¿No deberían la clase política y los medios de comunicación pensar en el impacto del caso Hancock en las familias cuya humanidad y dignidad han sido despreciadas sin piedad y, como resultado, degradadas? Es sin duda una triste acusación de la sociedad moderna que el impacto político del asunto Hancock tenga prioridad sobre las consecuencias del adulterio en las familias afectadas, hasta el punto de que estas últimas son invisibles.
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