La Confederación Sindical Internacional ha incluido a Egipto en la lista de los diez peores países del mundo para los trabajadores.
En su informe anual, la CSI afirma que el gobierno ha abusado de los derechos de los trabajadores a la huelga y a organizar un sindicato y ha atacado su libertad de expresión.
La federación sindical internacional afirmó que los gobiernos y los empresarios han aprovechado la pandemia mundial de coronavirus para explotar a sus trabajadores aumentando la vigilancia, despidiendo a los empleados, intimidando a los sindicatos e incluso recurriendo a la violencia y al asesinato.
En la lista también figuraba Turquía, con Bielorrusia y Myanmar por primera vez este año.
La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró que, "La pandemia de la COVID-19 ha devastado empleos, comunidades y vidas. El Índice Global de Derechos expone una vergonzosa lista de gobiernos y empresas que han perseguido una agenda antisindical frente a los trabajadores que han estado en primera línea proporcionando un trabajo esencial para mantener las economías y las comunidades en funcionamiento."
En marzo del año pasado, el segundo hombre más rico de Egipto, Naguib Sawiris, dijo que los egipcios debían dormir en el suelo de las fábricas para reducir sus desplazamientos a fin de que volvieran al trabajo tras el brote de coronavirus.
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En un comunicado, el movimiento socialista revolucionario de Egipto dijo que sus comentarios eran "una manifestación de la verdadera cara del capitalismo, que es la explotación y la búsqueda frenética de beneficios, incluso a costa de las vidas de millones de trabajadores."
Sawiris también amenazó con suicidarse si las medidas coercitivas se prolongaban más de las dos semanas inicialmente establecidas.
La organización de defensa de los derechos, Amnistía Internacional, ha descrito en el pasado el ataque del gobierno egipcio a los trabajadores y sindicalistas como "implacable", con arrestos, detenciones, despidos y juicios en tribunales militares como norma.
Estas agresiones se producen en respuesta a las protestas y huelgas, con muchos trabajadores en prisión preventiva sólo por protestar pacíficamente. A muchos se les recorta el sueldo o se les despide del trabajo como medida punitiva.
En mayo, las autoridades detuvieron a diez trabajadores de la Compañía de Hierro y Acero y dispersaron a 500 que protestaban tras la noticia de que la empresa iba a ser liquidada.
Los trabajadores exigían una indemnización suficiente y la destitución del ministro del sector público empresarial, Hisham Tawfiq.
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