La supresión de las libertades, las amenazas y las detenciones políticas en Cisjordania han aumentado tras el asesinato del activista político y candidato parlamentario Nizar Banat. Banat fue asesinado bajo tortura por una unidad de seguridad afiliada a la Autoridad Palestina (AP) en la zona C, bajo control de la ocupación israelí. Esto sugiere un alto nivel de coordinación entre la AP y la ocupación israelí en lo que respecta a silenciar cualquier voz que se oponga a la coordinación de seguridad y a la cooperación con la ocupación israelí.
El asesinato de Banat puso de manifiesto la dolorosa realidad de Cisjordania, que se encuentra bajo dos ocupaciones. La primera ocupación tiene como objetivo confiscar la tierra, desplazar a los palestinos y enterrar sus sueños de construir un Estado y la independencia. La segunda pretende reforzar el control policial, apoderarse de las libertades y suprimir cualquier voz palestina que pida la construcción de un Estado de derecho o la abolición de la seguridad y la dependencia económica de la potencia ocupante.
La dirección de la AP y Fatah en Ramallah niegan los grandes cambios que se han producido en las calles palestinas tras la batalla de Saif Al-Quds. Actualmente, existe un apoyo abrumador a la resistencia palestina y un fuerte descenso del apoyo popular a la AP y a Fatah. Así lo confirman numerosos sondeos de opinión recientes, como el publicado por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas de Ramallah hace unos días. El sondeo mostró que el 53% de los palestinos cree que Hamás es el movimiento más digno de representar y dirigir al pueblo palestino, frente a sólo el 14% que votó por Al Fatah, liderado por Mahmud Abbas. Esto demuestra que la AP se ha convertido en una pesada carga que obstaculiza la liberación palestina de la ocupación israelí.
Recientemente se ha producido una importante escalada en los siguientes ámbitos Los ataques de los servicios de seguridad palestinos contra las familias de los detenidos políticos en Ramala; las detenciones de decenas de defensores de los derechos humanos, escritores y ex presos; los abusos contra las mujeres; la tortura de personas en las calles; las detenciones de periodistas y la confiscación de sus equipos; el impedimento de las sentadas pacíficas; los hombres enmascarados que deambulan por las calles de Cisjordania en nombre de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, lanzando amenazas contra quienes piensan en protestar contra las medidas represivas de la autoridad y pidiendo a la ocupación que apoye a la AP en sus manifestaciones de represión.
OPINIÓN: Mientras los palestinos exigen respuestas, a la AP no le queda más que la tiranía
Además de todo lo anterior, según el periódico hebreo Yedioth Ahronoth, existen sospechas de corrupción en torno al acuerdo de las vacunas contra el coronavirus asociadas a altos funcionarios de la AP, según un documento oficial filtrado publicado por Quds News Network. Además, se produjo el despido arbitrario de palestinos que denunciaban el estado de represión en Cisjordania. El último de estos incidentes ha sido el despido del presidente del Consejo de Administración de la Biblioteca Pública Nacional, Ihab Bseiso, así como el despido del diplomático de la Embajada de Palestina en Lisboa, Shahd Wadi, por denunciar el asesinato de Banat y negarse a dar cobertura política a sus asesinos. Todos estos actos son pruebas que confirman que los dirigentes de la AP y del movimiento Fatah en Ramallah se han convertido en una dictadura fascista contra su propio pueblo, y que ya no se oponen a colaborar con la ocupación en su opresión y persecución contra los palestinos para privarlos de su derecho de expresión.
El movimiento Al Fatah y los dirigentes de la AP han subestimado la ira de la población, que se intensificó con el asesinato del activista político Banat. En lugar de intentar disminuir esta ira destituyendo al gobierno de Mohammad Shtayyeh y llevando a los dirigentes de los servicios de seguridad ante la justicia por haber dado las órdenes directas que condujeron a su asesinato, convocaron un comité de investigación gubernamental encabezado por el ministro de Justicia del mismo gobierno. El comité carecía de transparencia, especialmente después de que los representantes de la familia de Banat y las organizaciones de derechos humanos se retiraran de su composición. Además, el comité se abstuvo de anunciar sus conclusiones. Mientras tanto, los servicios de inteligencia presionaron a los dirigentes de Fatah en Gaza para que provocaran protestas y enfrentamientos con los servicios de seguridad en Gaza, con el fin de desviar la atención de los continuos actos de represión y supresión de libertades que tienen lugar en Cisjordania.
Los recientes ataques de las autoridades de seguridad contra quienes denunciaron el asesinato de Banat, insistiendo en suprimir las libertades y violándolas en las calles palestinas, son todos una extensión natural del fracaso de Abbas y su monopolio en la representación de los palestinos y la toma de decisiones por ellos. Abbas, que es el presidente de la AP en Ramala, cometió una serie de violaciones legales cuando, en diciembre de 2018, disolvió el Consejo Legislativo Palestino y reconstituyó el Consejo Judicial Supremo en Ramala a principios de julio de 2019. Esto supuso una importante invasión de los sistemas judicial y legislativo y una clara violación de la Ley Básica Palestina que estipula el principio de separación de poderes. Es como si Abbas se estuviera preparando para estos días en los que las masas en las calles de Cisjordania se levantan para exigir libertad, sólo para encontrarse con un régimen totalmente represivo que no es diferente del régimen de ocupación que oprime a los palestinos desde hace décadas.
Puede que los dirigentes de la AP en Ramala y los servicios de seguridad consigan reprimir temporalmente las protestas que reclaman la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas en apoyo de los detenidos políticos, pero sin duda no conseguirán sofocar la voz libre de los palestinos. Los palestinos ya no tienen miedo al sometimiento y la persecución. Ahora ven la represión de los servicios de seguridad como una extensión de la ocupación, y creen que deben liberarse de ellos como preludio necesario para liberarse de la opresión de la ocupación y sus ocupantes.
Traducido de Felesteen, 8 de julio de 2021.
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