La crisis política en Túnez sigue su curso, aunque el tiempo no juega a favor del país, en particular porque la situación sanitaria se deteriora debido a la propagación del coronavirus y al aumento del número de víctimas mortales diarias, además de las repercusiones económicas y sociales de la pandemia, y los riesgos de colapso financiero.
En los últimos meses, el país parecía estar atrapado en una situación de indefensión, ya que la crisis tiene numerosos elementos, entre los que se encuentran las instituciones estatales, los círculos políticos y la sociedad civil, por un lado, y entre los sectores político, económico, social y sanitario, por otro. Cada uno de ellos puede provocar una explosión que puede tener consecuencias devastadoras.
El intento del presidente de entorpecer la labor del gobierno, en flagrante contraste con el propósito de su elección y los principios que juró respetar, no muestra signos de rectificación.
Por otra parte, la actuación del gobierno no ha estado a la altura de los retos exigidos en esta fase, a pesar del apoyo y el estímulo que ha recibido del parlamento. Esto se debe principalmente a la ausencia de una visión y un plan, y a la falta de capacidad de liderazgo y valor en la toma de decisiones.
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También es el resultado de la obstrucción de las actividades del gobierno por parte del presidente, de la falta de armonía en la política del gabinete y de la acumulación de fracasos desde la década de la revolución, especialmente en los ámbitos económico y social, y en el plano de las relaciones con los interlocutores sociales.
El Parlamento sigue siendo el objetivo de los restos del ala izquierda eradicta de la Agrupación Constitucional Democrática (RCD) y de sus partidarios regionales e internacionales, mediante la difamación, la perturbación y las amenazas de disolución.
El principal objetivo detrás de todo esto es el estatus del parlamento en el sistema de gobierno, que ha desmantelado todas las vías de posible retorno al autoritarismo, la unilateralidad y el sistema de líder único bajo el paraguas del sistema presidencial.
La última situación es la prueba más contundente de la necesidad de recurrir a un referéndum para transformar el actual sistema político mixto en un sistema parlamentario de pleno derecho, centrado en el desarrollo de la democracia mediante el apoyo a la creación de partidos y el cambio del sistema de votación.
En cuanto al sistema de gobierno, es necesario revisar y reformar los errores cometidos por los primeros parlamentarios, elegidos directamente tras la revolución. Aunque estas debilidades se justifican por la obsesión de evitar el retorno a la tiranía, la situación no puede justificar la falta de conciencia que llevó al abandono de un conjunto de mecanismos necesarios para mantener la democracia en caso de un impasse político total.
El sistema político surgido de los resultados de las elecciones de 2019, que se ha caracterizado por su debilidad, ha demostrado su incapacidad para responder a los retos de esta etapa.
La incompetencia del sistema político de 2019 ha abierto la puerta a apostar por el derrocamiento de la democracia y la vuelta al sistema presidencialista y tiránico, y ha allanado el camino, como mínimo, a las ilusiones de una democracia selectiva y excluyente (una democracia sin islamistas), además de las rencillas, los altercados y la intensificación de las disputas marginales sin tener en cuenta los intereses y las expectativas de los ciudadanos y los valores de convivencia y aceptación del otro.
El país necesita ahora una visión clara en el marco de una democracia para lograr el desarrollo y la prosperidad económica y prevenir el proceso de colapso gradual del Estado y la sociedad para evitar el caos y el fracaso total. Esto sería posible adoptando los dos mecanismos siguientes:
El primer mecanismo consiste en la adopción de un consenso estratégico similar al acuerdo de 2013 mediante el lanzamiento de un diálogo político nacional bajo el paraguas de los tres sindicatos y con la participación de todos los partidos parlamentarios y no parlamentarios y la presidencia en un plazo no superior a seis meses.
Al inicio de sus trabajos, el citado mecanismo deberá establecer una agenda en cuanto a la reforma del sistema de gobierno, la modificación de la ley electoral, especialmente el sistema de votación, la formación del Tribunal Constitucional y el cese de la injerencia del presidente en la funcionalidad del gobierno y los asuntos del Estado.
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El segundo mecanismo se centra en recurrir al pueblo, que es la fuente original de la soberanía y puede utilizarse como vía para renovar la legitimidad y cambiar los equilibrios para lograr la estabilidad y la armonía de las instituciones del Estado.
Este enfoque ofrece un conjunto de soluciones que tienen en cuenta todos los elementos de la ecuación política actual que incluye la ruptura del sistema de gobierno por parte del presidente, la debilidad del gobierno, la dispersión del parlamento y la exposición a ataques recurrentes, la vulnerabilidad y el conflicto entre los partidos políticos, la necesidad de una tregua social, y el papel de las organizaciones nacionales para acelerar la ejecución de un plan de rescate para recuperar el ámbito sanitario y financiero, en un marco democrático y sobre la base de una visión que afirme la capacidad de los tunecinos de todas las partes para corregir el rumbo de la situación mediante el diálogo y salir de la crisis antes de caer al vacío.
¿La crisis sanitaria y sus repercusiones negativas empujarán a la clase política tunecina a superar su lucha, aunar esfuerzos para hacer frente a la pandemia y sentarse a la mesa de diálogo?
Este artículo apareció por primera vez en árabe en Arabi21 el 12 de julio de 2021
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