Activistas condenan la decisión del juez marroquí de celebrar el juicio del periodista y activista de derechos humanos Omar Radi en una sesión a puerta cerrada ayer, el juez aseguró que la razón era "por respeto a la reputación de la demandante".
Radi, de 34 años, está procesado por agresión sexual a partir de una denuncia presentada por una de sus compañeras de trabajo, que confirmó su relato ante el tribunal y negó "cualquier motivo político" detrás de sus acusaciones, según declaraciones realizadas ayer por su abogado defensor, Abdel Karim Malih, a la Agencia France-Presse (AFP).
La demandante solicitó una indemnización de un millón de dirhams (111.000 dólares).
Radi, sin embargo, dijo que su relación fue "consentida", y su defensa argumentó que no hay medios para probar la acusación.
También se enfrenta a una acusación de violación, junto con el también periodista Imad Stitou, de 32 años. Stitou fue testigo en apoyo de las declaraciones de Radi, aunque las autoridades le acusaron posteriormente en el caso.
Según AFP, Stitou confirmó el relato de Radi en el tribunal, ya que los dos periodistas están siendo perseguidos juntos en otro juicio por cargos de "intoxicación pública".
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Radi, conocido por sus opiniones críticas con las autoridades, se enfrenta también a una acusación de espionaje basada en su relación con las dos empresas británicas, G3 de inteligencia estratégica y K2 de asesoramiento económico, además de tener vínculos con un ciudadano belga llamado Arnold Simon que trabajó anteriormente en la embajada holandesa en Rabat.
El periodista explicó al tribunal que trabajó con las dos empresas para realizar dos estudios sobre la inversión en una empresa marroquí y la plantación de palmeras. Sin embargo, la Fiscalía confirmó el viernes que las autoridades creen que las relaciones estaban relacionadas con el espionaje.
Simón solicitó al juez que le concediera permiso para comparecer ante el tribunal, pero se lo denegó.
Radi fue detenido a raíz de un informe emitido por Amnistía Internacional en el que se acusaba a las autoridades de "espiar su teléfono", algo que Rabat negó rotundamente.
En 2020 se le impuso una condena de cuatro meses con suspensión de la pena por "prejuicios contra el poder judicial".
Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, partidos políticos e intelectuales han pedido la liberación de los periodistas detenidos en Marruecos.
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