El presidente de Túnez, Kais Saied, sorprendió a todo el mundo, dentro y fuera del país, al anunciar el domingo la suspensión del Parlamento, la anulación de la inmunidad de los diputados, la destitución del primer ministro y la adopción de un papel "supervisor" de la fiscalía. Para ello citó el artículo 80 de la Constitución del país, que, según él, otorga al presidente el derecho a tomar tales medidas si ve un "peligro inminente que amenace las instituciones de la nación o la seguridad o independencia del país".
Intentando contrarrestar preventivamente los argumentos en contra de su medida, el presidente dijo que "no se trata de una suspensión de la Constitución" ni de la disolución del legislativo, sino de una "medida temporal" mientras el país atraviesa un periodo difícil.
El presidente no esbozó la duración de las medidas ni ofreció ningún tipo de alternativa política para restablecer la vida parlamentaria en Túnez. Saied tampoco explicó cómo piensa desempeñar su nueva función, en particular, la de hacerse cargo efectivamente de la fiscalía, a la que, indirectamente, acusó de no cumplir con sus funciones, sin dar detalles de cómo ha fallado al pueblo.
Esta medida presidencial ha desencadenado un intenso debate jurídico y constitucional sobre si el presidente ha interpretado correctamente el artículo 80 de la Constitución y si su medida es, de hecho, un golpe de Estado contra el Parlamento elegido públicamente.
La presidenta de la Sociedad de Derecho Constitucional de Túnez, Salwa Hamrouni, tuiteó una declaración en la que confirmaba el derecho del presidente a tomar tales medidas, aunque cuestionaba algunas de sus acciones. Saied dirigió la sociedad mientras enseñaba derecho constitucional en la universidad antes de su elección como presidente en octubre de 2019. Por lo tanto, es un hombre que sabe lo que hace.
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Mientras las disputas legales continúan, un estado de ambigüedad prevalece sobre el país, llevando consigo la posibilidad de más caos y violencia. Miles de personas en todo el país salieron a las calles para apoyar al presidente.
El Tribunal Constitucional que podría decidir sobre la constitucionalidad del asunto no existe gracias a los desacuerdos políticos entre los diferentes partidos que no se han puesto de acuerdo sobre el asunto desde las últimas elecciones de hace tres años.
Dejando a un lado las disputas legales, los problemas de Túnez son más profundos y van más allá de si el presidente actuó o no constitucionalmente.
Agentes de seguridad tunecinos retienen a los manifestantes frente al edificio del Parlamento en la capital, Túnez, el 26 de julio de 2021, tras la medida del presidente de suspender el Parlamento del país y destituir al primer ministro. [FETHI BELAID/AFP vía Getty Images]
Hasta hace poco, el país era la estrella brillante de la "Primavera Árabe", tras haber realizado con éxito la dura transición a la democracia, en la que las urnas deciden quién gobierna.
Sin embargo, la democracia significa poco ante el estancamiento económico, la grave oleada de infecciones de COVID-19, la espiral de corrupción y la casi paralización de las instituciones gubernamentales gracias a las disputas políticas entre los políticos.
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Pero el problema de Túnez tiene una base económica. El país está casi en bancarrota y la pandemia empeoró las cosas. Si se añade a la mezcla la corrupción y la ineficacia de la gobernanza, se obtiene una receta perfecta para seguir discutiendo sobre quién es responsable y a quién hay que culpar.
En los últimos meses, Ennahda y su líder, Ghannouchi, han sido el blanco de las culpas del presidente y de otros. Muchos políticos y comentaristas tunecinos no dejan de acusar a Ennahda de todo tipo de maldades sin aportar ninguna prueba que respalde sus afirmaciones.
Como partido político, Ennahda existe porque la Constitución permite la formación de partidos políticos siempre que se atengan a las reglas del juego. Hasta ahora ha cumplido las reglas. Sin embargo, sus críticos parecen olvidar el simple hecho de que Ennahda y Ghannouchi han sido elegidos repetidamente en elecciones libres y justas.
No han llegado al poder a tiros ni se han visto implicados en ninguna infracción constitucional grave ni en ninguna falta grave. ¿Es Ennahda una seria amenaza a largo plazo para la adorada laicidad de Túnez? Podría serlo, pero de nuevo es, por ahora, una entidad política legítima. ¿Quieren los tunecinos a Ennahda? Pues han votado por ella.
¿Quién iba a imaginar que en Túnez, el más laico de los Estados árabes, un partido islamista podría obtener el mayor número de escaños en unas elecciones transparentes y justas? Sucedió en Egipto, pero este país no es tan laico como Túnez. Cualquiera que haya visitado regularmente Túnez en las últimas tres décadas daría fe de que antes de 2011 incluso el sonido del Adhan, la llamada islámica a la oración, era una rareza. Si esto significaba algo, se traducía en votos para Ennahda que le daban 52 de los 217 escaños del parlamento, lo que le convertía en un hacedor de reyes.
Culpar a Ennahda de las miserias agravadas de Túnez es mentirse a uno mismo y será contraproducente.
El astuto Ghannouchi, en su primera reacción al anuncio del presidente, dijo que era un "golpe" contra la Constitución, sin cuestionar la legitimidad de Kais Saied. Esto hizo que el debate pasara de ser: ¿debe haber un partido islamista en Túnez? a un debate más amplio sobre la interpretación constitucional, devolviendo la pelota al terreno presidencial.
Ahora todo el mundo espera el próximo movimiento del presidente.
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