La aplicación continuada del estado de excepción en Egipto ha tenido un efecto devastador en las violaciones de los derechos humanos, concluye el Comité por la Justicia (CFJ) en un reciente informe.
Durante décadas, los egipcios han sufrido bajo el estado de excepción y la ley marcial, "un látigo en manos de los gobernantes egipcios para reforzar su poder y su control sobre la sociedad", según el CFJ.
Se utiliza como "un castigo colectivo de las masas" para justificar herramientas como la detención preventiva continua, el procesamiento de decenas de miles de ciudadanos, la tortura, la desaparición forzada, la persecución de los trabajadores y mucho más.
En virtud de la ley de emergencia, el gobierno egipcio ha aprobado decretos vagamente redactados para ampliar las restricciones a las libertades públicas y conceder mayores poderes de detención a las fuerzas del orden, de modo que puedan interpretarse según la voluntad de las autoridades de seguridad.
Se han aprobado leyes de emergencia en nombre del estado de excepción, como la ley antiterrorista, a pesar de las críticas generalizadas de las Naciones Unidas, entre otros organismos.
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El estado de excepción ha permitido al poder ejecutivo interferir en la labor del poder judicial, por ejemplo sustituyendo los tribunales ordinarios por tribunales de excepción. El gobierno también ha interferido en el nombramiento, la destitución y el traslado de los jueces.
Las autoridades egipcias han aprovechado la crisis de la COVID-19 para imponer restricciones a las libertades públicas de los egipcios, según el informe, incluyendo la supresión del derecho a la protesta pacífica.
En virtud de las resoluciones basadas en la ley de emergencia emitidas como parte del plan estatal para combatir el coronavirus, el gobierno ha suspendido los eventos que requieren la reunión de los ciudadanos, incluidas las actuaciones celebradas en cines y teatros, y ha cerrado clubes deportivos y centros juveniles.
Desde 2013 se ha aplicado plenamente el estado de emergencia en el norte del Sinaí, facultando a las fuerzas armadas y a la policía para actuar en base a la lucha contra el terrorismo y provocando al mismo tiempo el desplazamiento forzoso de decenas de miles de personas de la gobernación.
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