El proyecto de ley 13.21, que legaliza el consumo de cannabis, entró en vigor el viernes en Marruecos tras su publicación en el Boletín Oficial.
El pasado mes de mayo, la Cámara de Representantes marroquí (la primera del Parlamento) aprobó un proyecto de ley que legalizaba el uso del cannabis con fines médicos e industriales en el país.
El proyecto contó con el apoyo de 119 diputados pertenecientes a los bloques mayoritarios y a la oposición, mientras que 48 miembros del Partido de la Justicia y el Desarrollo (líder de la coalición gubernamental) lo rechazaron.
Tras la sesión de votación, el proyecto se remitió a la Cámara de Consejeros (la cámara alta del Parlamento) para finalizar los trámites de aprobación restantes, y luego el proyecto se publicó en el Boletín Oficial para entrar en vigor inmediatamente.
A principios de abril, el gobierno remitió el proyecto de ley al Parlamento tras aprobarlo el 11 de marzo.
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La aprobación del proyecto de ley por parte del gobierno se retrasó dos semanas debido a la polémica suscitada por el proyecto en los círculos políticos y populares en redes sociales.
Según la nota introductoria del proyecto de ley, las autoridades marroquíes aspiran a atraer: "Inversiones mundiales a través de empresas especializadas en los usos legales del cannabis con fines médicos e industriales".
La nota explicaba: "El desarrollo del cultivo legal de cannabis mejorará los ingresos de los agricultores, los protegerá de las redes internacionales de contrabando de drogas y atraerá inversiones mundiales, con el objetivo de beneficiarse de los ingresos del mercado internacional de esta planta."
El proyecto de ley estipula que "Todas las actividades relacionadas con el cannabis y sus productos estarán sujetas a un mecanismo de concesión de licencias", al tiempo que prepara el camino para: "Establecer una agencia nacional encargada de desarrollar una cadena de suministro agrícola e industrial de cannabis, en coordinación con todos los sectores gubernamentales y socios nacionales e internacionales". Además, el proyecto de ley prevé la aplicación de sanciones contra los agricultores que infrinjan la normativa.
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