La votación para aprobar el proyecto de ley anual de financiación de operaciones exteriores y programas relacionados de Estados Unidos, que entre otras cosas da luz verde a la ayuda incondicional anual de 3.300 millones de dólares de Washington a Israel, dio una gran sorpresa este año.
Las representantes demócratas Ilhan Omar, Ayanna Presley, Lee Bowman y Pramila Jayapal se dividieron de sus compañeras demócratas, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez y Cori Bush para asegurar una estrecha victoria del partido gobernante. Todas ellas son miembros de un grupo progresista de legisladores conocido como "The Squad", famoso por su postura muy crítica con Israel. Anteriormente han pedido que se ponga fin a las muchas décadas de ayuda incondicional de Estados Unidos al Estado ocupante.
Al aprobarse el proyecto de ley por un estrecho margen -217 a favor y 212 en contra-, el hecho de que el "Escuadrón" no votara como uno solo se considera una oportunidad perdida para asestar lo que habría sido un gran golpe al apoyo incondicional de Washington a Israel, especialmente porque han formado parte de una larga campaña para alinear la política exterior estadounidense con los valores progresistas y el derecho internacional.
En abril, personas como Omar y Tlaib fueron algunos de los miembros demócratas del Congreso que presentaron un proyecto de ley que condiciona la ayuda estadounidense a Israel a los derechos humanos. El proyecto de ley exigía específicamente que no se permitiera a Israel utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para matar, torturar, encarcelar, desplazar o perjudicar de otro modo a niños y familias palestinas.
Omar también se unió a otros miembros del campo progresista para tratar de bloquear una venta de armas de emergencia de 735 millones de dólares a Israel aprobada por la administración del presidente estadounidense Joe Biden días antes del bombardeo de 11 días de Israel sobre Gaza, que mató a más de 250 personas, entre ellas mujeres y niños. La venta no debe completarse "mientras se cometen crímenes contra la humanidad con nuestro respaldo", dijo Omar en ese momento.
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"Sería espantoso que la Administración Biden siguiera adelante con 735 millones de dólares en armamento guiado de precisión para [el primer ministro israelí] Netanyahu sin ningún tipo de condiciones tras la escalada de violencia y los ataques a civiles", insistió Omar, explicando que el apoyo de Estados Unidos a Israel sería visto como si Washington diera "luz verde" a Israel para continuar con su agresión.
La votación anual sobre el proyecto de ley de financiación de operaciones exteriores y programas conexos de Estados Unidos suele ser un asunto partidista en el que los representantes votan con su partido. Junto con los tres demócratas que votaron en contra del proyecto, dos legisladores republicanos también votaron en abstención.
La aprobación de la ayuda de 3.300 millones de dólares a Israel es una pequeña parte del proyecto de ley. La legislación financia las agencias y programas diplomáticos, de desarrollo y de política exterior de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Garantiza el apoyo de EE.UU. a las comunidades desplazadas y vulnerables, a los programas de reconstrucción de infraestructuras de salud pública y a las iniciativas para hacer frente al cambio climático, así como a los avances en los derechos de la mujer.
También se han asignado fondos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con la estipulación de que el organismo mundial está dando pasos significativos para eliminar a Israel de su "agenda permanente", en referencia al punto 7 de la agenda del Consejo, que trata sobre "la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados".
Este proyecto de ley también ha apuntado a la campaña mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel. Describiendo el BDS como un "esfuerzo internacional para estigmatizar y aislar a Israel", el proyecto de ley ha exigido un informe anual al Congreso sobre la campaña de BDS, que incluiría una lista de empresas, organizaciones internacionales y países que participan en ella.
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