El 25 de julio de 2021 marcó un hito en la historia de la democracia en Túnez, no sólo porque coincidió con las celebraciones del Día de la República, sino también porque fue el día en que el Presidente de la República anunció un conjunto de medidas extraordinarias en el marco de la invocación del artículo 80 de la Constitución al considerar que el país atravesaba una fase de peligro inminente que haría imposible que las instituciones del Estado procedieran con normalidad.
De ahí que decidiera suspender el parlamento, destituir al primer ministro y monopolizar todos los poderes del gobierno y del parlamento. Tales medidas contaron con un importante apoyo popular, sobre todo porque el 25 de julio se produjeron protestas populares en diferentes regiones pidiendo un cambio, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción y los implicados en ella.
Esas medidas extraordinarias dividieron al pueblo y a sus élites, a los intelectuales y a los expertos constitucionales, entre los que las apoyaron y los que se opusieron o expresaron sus reservas.
Sin embargo, lo que llamó la atención es que después de anunciar esas medidas, el Presidente de la República anunció una iniciativa legislativa para aprobar un acuerdo penal con varios empresarios. Esto ha recordado, con bastante fuerza, la iniciativa del difunto presidente Mohamed Beji Caid Essebsi, que había anunciado en julio de 2015 con respecto a las medidas excepcionales para llevar a cabo la reconciliación en los sectores económico y financiero.
La iniciativa fue ampliamente denunciada en su momento por organizaciones de derechos y bloques parlamentarios, que la consideraron un intento por parte del presidente de blanquear la corrupción y permitir la impunidad. Otros consideraron que este proyecto sería contrario a las obligaciones internacionales de Túnez en materia de lucha contra la corrupción y que, por lo tanto, tendría consecuencias negativas sobre las reformas políticas que se pretendían emprender.
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Algunos se preguntarán: ¿Qué hay de nuevo en la iniciativa del presidente para que represente un progreso o una diferencia con respecto a lo que se había propuesto anteriormente? En realidad, responder a esta pregunta no requiere mucha investigación. Examinando de cerca el texto de ambos proyectos nos damos cuenta de que no hay diferencias esenciales entre los dos proyectos y que, por el contrario, hay un gran solapamiento entre ellos. Partamos del objetivo de ambos proyectos de ley.
Es exactamente el mismo objetivo, es decir, poner en marcha mecanismos para fomentar la inversión y levantar la economía nacional mediante la adopción de medidas relativas a los casos de corrupción financiera. Lo mismo ocurre con los que se benefician de estos mecanismos. En ambas propuestas se trata de personas acusadas o sospechosas en casos de corrupción financiera y malversación de fondos públicos (capítulo dos de ambos proyectos de ley).
Ambos proyectos de ley se basan en el mecanismo de conciliación, que es un mecanismo central en el proceso de conciliación económica o conciliación penal, que se llevaría a cabo bajo la supervisión de un comité de conciliación o reconciliación. Lo que cabe destacar es que este comité existe en ambos proyectos de ley, aunque con una composición relativamente distinta y una supervisión diferente.
En el proyecto de ley de reconciliación económica, el proceso debe ser supervisado por el Primer Ministro, mientras que en el proyecto de acuerdo penal, estaría bajo la supervisión del propio Presidente de la República. En cuanto al contenido de la liquidación, es casi el mismo en ambas iniciativas y se concretaría en el pago de una cantidad de dinero equivalente a la suma malversada o al beneficio conseguido más un 5% por cada año desde la fecha en que se produjo.
Se trata prácticamente de la misma esencia con una variación muy simple relacionada con el porcentaje añadido, que es del 10% en el caso del proyecto de ley de liquidación penal, así como la posibilidad de poner en marcha un proyecto, o proyectos, relacionados con el interés público cuyo coste se cubre con la suma de dinero de la liquidación. Los dos proyectos comprenden artículos que se refieren a la forma de disponer del dinero recaudado. Se trata prácticamente del mismo mecanismo con ligeras diferencias.
En el proyecto de ley de conciliación económica, el dinero recaudado por la aplicación de los acuerdos de conciliación se depositaría en el fondo de ahorros y fideicomisos, que está bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, en el proyecto de ley de conciliación punitiva, se crearía un fondo especial para este fin bajo la supervisión de la Presidencia de la República. Los dos proyectos coinciden en que esas sumas de dinero se destinarían al desarrollo regional, proporcionando apoyo infraestructural y promoviendo la inversión.
¿Se está deslizando Túnez hacia una peligrosa trampa? - Caricatura [Sabaaneh/MonitordeOriente].
La segunda razón, que es más importante, es que lo que el Presidente de la República considera una respuesta a las demandas populares en lo que respecta a llevar ante la justicia a los corruptos y reclamar los fondos públicos, no es más que un proyecto de ley de liquidación que lleva a abolir el castigo y a poner fin a los procedimientos y, en consecuencia, a la rendición de cuentas.
Por último, diremos que lo que reclaman los partidarios de las medidas del 25 de julio, y lo que el Presidente de la República considera una campaña contra la corrupción y los corruptos, no es más que eslóganes y nada más que una fachada para lograr objetivos que están muy lejos de la lucha contra la corrupción. Estos objetivos se resumen en la acumulación de todos los poderes en manos de una sola persona, el desmantelamiento de los valores democráticos y republicanos y la negación del principio de separación de poderes y de la supremacía constitucional.
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Traducido de Arabi21, 3 de agosto de 2021
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