Walid Al-Hajjam, asesor del presidente tunecino Kais Saied, declaró ayer que "las medidas excepcionales [adoptadas por Saied] son justificables".
Al-Hajjam subrayó que "no hay manera de confiscar las libertades y los logros que los tunecinos han alcanzado en los últimos diez años", y confirmó que "no hay lugar para volver a la dictadura".
En declaraciones a Radio IFM, el funcionario dijo que la imposición de la prohibición de viajar a personalidades públicas y políticas "es una precaución temporal que se tomó contra algunas personas, muchas de las cuales fueron mencionadas en el informe de la autoridad anticorrupción a la luz de su implicación en expedientes de corrupción, o en causas abiertas en los tribunales, o por sospecha de saqueo de fondos públicos."
"En la Presidencia de la República no practicamos la dictadura ni el gobierno autocrático y no confiscamos las libertades de las personas. Estamos convencidos de que ya no hay lugar para esas prácticas... y quiero subrayar que no hay ninguna intención de usurpar los derechos y las libertades y las conquistas individuales y colectivas que se han logrado en Túnez durante la última década... ni nadie puede atreverse a retroceder en esas conquistas."
Al-Hajjam continuó: "Es cierto que hay personas que querían viajar y se les impidió hacerlo, y la prohibición de viajar en este caso es una medida cautelar que se tomó contra algunas personas contra las que se tomaron decisiones preventivas, debido a su implicación en expedientes de corrupción, casos que se están juzgando en los tribunales, o una sospecha de apoderamiento de dinero de los tunecinos."
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Las administraciones de los ministerios del Interior y de Justicia son las responsables de la lista de los que tienen prohibido viajar, explicó Al-Hajjam, y no el presidente. Una vez que los casos contra estos funcionarios lleguen a su fin, las prohibiciones de viajar se levantarán en consecuencia, añadió.
El 25 de julio, el presidente tunecino, Kais Saied, se acogió al artículo 80 de la Constitución para destituir al primer ministro, Hicham Mechichi, congelar el trabajo del Parlamento durante 30 días, levantar la inmunidad de los ministros y nombrarse a sí mismo jefe del poder ejecutivo hasta la formación de un nuevo gobierno.
Esto se produce después de que estallaran violentas protestas en varias ciudades de Túnez criticando la gestión del gobierno en materia de economía y el coronavirus. Los manifestantes habían pedido la disolución del Parlamento.
La mayoría de los partidos políticos del país tacharon la medida de "golpe contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011.
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