Las autoridades tunecinas detuvieron ayer a 14 funcionarios y emitieron órdenes de detención contra otros tres, entre ellos un ex ministro de Industria, por sospechas de corrupción financiera y administrativa en el sector de los fosfatos.
En un comunicado, el portavoz de la oficina judicial económica y financiera, Mohsen Al-Dali, dijo: "Se ha dado permiso para detener a 14 sospechosos y emitir órdenes de arresto contra otros tres que están huidos por sospechas de corrupción financiera y administrativa en relación con la extracción y el transporte de fosfato".
Explicó que se había detenido a un antiguo subsecretario del Ministerio de Industria, a un observador del Estado en el Ministerio de Finanzas, al director del departamento de minas del Ministerio de Industria, al director de compras y a dos antiguos directores generales de la Compañía de Fosfatos de Gafsa (CPG), así como a cuatro directivos de empresas de subcontratación, entre ellos dos hermanos de un diputado.
Al-Dali añadió que se busca la detención de un ex ministro de Industria, un ex diputado y un ex director general.
El martes, se prohibió viajar a 12 sospechosos de corrupción financiera y administrativa en el mismo caso.
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El 2 de agosto, el presidente tunecino Kais Saied se comprometió a supervisar el procesamiento de las partes (no identificadas) implicadas en la interrupción de la producción y el transporte de fosfatos.
Túnez, que era uno de los exportadores de fosfato más destacados del mundo antes de la revolución de 2011 que acabó con el gobierno del ex presidente Zine El Abidine Ben Ali, ha recurrido últimamente a la compra de fosfato debido a las interrupciones en la producción y el transporte de la sustancia, como consecuencia de las protestas masivas.
La producción de fosfatos del país alcanzó los 8,2 millones de toneladas en 2010, pero cayó a 3,1 millones de toneladas el año pasado.
El domingo 25 de julio, Saied anunció que había decidido congelar el trabajo del Parlamento, levantar la inmunidad de todos los diputados, hacerse cargo de la Fiscalía y destituir al primer ministro Hichem Mechichi tras el estallido de las protestas en varias ciudades.
Saied añadió que asumiría el poder ejecutivo con la ayuda de un nuevo primer ministro cuyo nombre no ha sido anunciado. Justificó las medidas como necesarias para "salvar a Túnez".
La mayoría de los partidos políticos del país tacharon la medida de "golpe contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011.
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