La dependencia de Israel de poder actuar con absoluta impunidad a través de sus instituciones militares y de otro tipo, así como de sus colonos ilegales, sigue dejando un rastro de destrucción opresiva para el pueblo de la Palestina ocupada. De hecho, nadie está a salvo de la beligerancia israelí.

A finales de julio, por ejemplo, las oficinas de Defensa de los Niños Internacional - Palestina (DCIP) en Al-Bireh fueron asaltadas por las fuerzas israelíes durante las primeras horas de la mañana. Los soldados israelíes confiscaron seis ordenadores, dos portátiles, discos duros y archivos relacionados con los niños palestinos detenidos que están siendo juzgados en los tribunales militares de Israel. El DCIP no dio ninguna razón para la redada.

"A medida que el gobierno israelí se envalentona cada vez más y actúa para criminalizar el trabajo legítimo humanitario que llevan a cabo las organizaciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil", ha declarado el director general del DCIP, Khaled Quzmar, "me preocupa profundamente que los juicios por motivos políticos en el sistema de tribunales militares de Israel se conviertan en la norma."

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Entre la violencia coercitiva de Israel y la documentación del DCIP se encuentra la normalización por parte de la comunidad internacional de la violencia colonial de Israel. Si no se hubiera normalizado, las organizaciones independientes de derechos humanos habrían podido trabajar más eficazmente dentro de los parámetros del derecho internacional. Tal y como están las cosas, la retórica hipócrita de la ONU no se corresponde con sus acciones, por lo que las organizaciones de derechos humanos en Palestina no sólo se enfrentan a las redadas de los soldados israelíes, sino también al aislamiento de trabajar dentro del marco del derecho internacional, aunque sin el apoyo de la comunidad internacional que se supone que defiende la ley. Además, no hay ninguna posibilidad de que la comunidad internacional preste un apoyo significativo al pueblo palestino, ni siquiera a los niños palestinos llevados ante los tribunales militares de Israel.

En julio, las fuerzas israelíes mataron a dos niños -el más joven tenía sólo 11 años- e hirieron a otros dos. Las estadísticas recopiladas por el DCIP muestran que en mayo de este año 72 niños fueron asesinados por colonos y soldados israelíes. Es la cifra mensual más alta de la historia, aparte de enero de 2009 y julio y agosto de 2014, que coincidieron con las operaciones Plomo Fundido y Borde Protector. Según las estadísticas más recientes de Addameer de julio de este año, 225 niños están detenidos en prisiones israelíes.

Si bien es cierto que Israel no tiene ningún reparo en obstaculizar cualquier forma de trabajo en materia de derechos humanos que pueda beneficiar a los palestinos, la selectividad aplicada por las fuerzas israelíes dice mucho sobre el hecho de que el Estado de ocupación tenga como objetivo a organizaciones como DCIP y B'Tselem. Fue esta última la que a principios de este año atrajo la ira del gobierno después de que calificara a Israel de Estado de apartheid. Poner trabas a las organizaciones de derechos humanos tiene, en última instancia, consecuencias para el pueblo palestino que, al no tener representantes políticos que se preocupen realmente por sus derechos políticos y humanos, necesita organizaciones que salven la distancia entre la narrativa israelí dominante y el testimonio palestino, que suele ser coaccionado para que guarde silencio.

Es muy revelador que el DCIP también sienta la necesidad de pedir a la ONU que haga responsable a Israel. Una organización de derechos humanos que tiene que recordar a los supuestos guardianes de los derechos humanos sus obligaciones dice mucho sobre la burbuja sellada en la que opera la organización internacional. Lo que nos lleva a preguntarnos, si estas organizaciones de la sociedad civil saben que no pueden depender de las instituciones internacionales para salvaguardar incluso los derechos más básicos de los oprimidos, ¿por qué se sigue manteniendo a la ONU como punto de referencia y autoridad en materia de derechos humanos?

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