Establecer un ejército o un aparato de seguridad al servicio de los intereses de una potencia ocupante no es tarea fácil, ni siquiera en los mejores tiempos. Estados Unidos se ha dado cuenta finalmente de ello, aunque a regañadientes. Los recientes acontecimientos en Afganistán lo confirman. Hace apenas 14 años, las fuerzas de seguridad financiadas por Estados Unidos y dirigidas por Mahmoud Abbas fueron derrotadas en Gaza. Al igual que Afganistán, se desintegraron y huyeron tras ser derrotados por las fuerzas de la resistencia.
A pesar de sus claras diferencias históricas y geográficas, hubo similitudes definitivas que sustentaron los experimentos de Estados Unidos tanto en Afganistán como en Palestina.
Tras derrotar a los talibanes en octubre de 2001, la administración Bush rechazó las repetidas propuestas de incluirlos en un acuerdo político. Ya en diciembre de 2001, altos dirigentes talibanes se dirigieron al recién instalado presidente, Hamid Karzai, para deponer las armas y ser incluidos en el proceso político. Sus ofertas fueron rechazadas de plano por el Secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld.
Sin dejarse intimidar por esta negativa inicial, los talibanes siguieron presionando a Karzai a lo largo de 2002-2004, quien a su vez presionó a Estados Unidos para que iniciara un diálogo político. Todos estos esfuerzos fueron desestimados, culminando con la prohibición por parte de la administración de cualquier contacto con el grupo.
En Palestina, la actitud de la administración Bush hacia la resistencia, y hacia Hamás en particular, fue posiblemente aún más hostil. Irónicamente, lo fue aún más después de que el movimiento ganara las elecciones de 2006, que deberían haber sido un catalizador para el cambio democrático.
Al igual que el gobierno de Karzai, a la Autoridad Palestina (AP) no se le permitió comprometerse con Hamás. Tras las elecciones, Hamás intentó incluir a su partido rival, Al Fatah, en un gobierno de unidad nacional, pero se negó rotundamente, aparentemente a instancias de Estados Unidos.
Dado su espantoso historial de descarrilamiento de los experimentos democráticos en Afganistán y Palestina, Estados Unidos debe aceptar cierta responsabilidad por la desestabilización de ambos países. En la misma medida en que la exclusión de los adversarios políticos ha socavado la unidad nacional, también el mal uso de las fuerzas de seguridad ha alimentado agravios y divisiones arraigadas.
En Palestina, el teniente general William Ward, primer Coordinador de Seguridad de Estados Unidos (USSC), declaró ante un Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que el sector de la seguridad de la AP era "disfuncional, con jefes separados [sic] que eran leales a individuos... sin tener ninguna línea clara de autoridad y sin responder a ningún mando central".
Stanley McChrystal, el general retirado del ejército de Estados Unidos que sirvió en Afganistán como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Conjunta Combinada y como Comandante de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, tenía una visión similar del sector de la seguridad del país: "El Ejército Nacional Afgano, entrenado y equipado en gran medida por Estados Unidos, se emplea principalmente en puestos de control estáticos en todo el país que son vulnerables a los ataques talibanes".
En cuanto a la Policía Nacional Afgana, recordó que "está plagada de corrupción y de un liderazgo deficiente, y se utiliza más para la protección de los miembros del parlamento y otros funcionarios que para su propósito previsto de hacer cumplir la ley y el orden".
Aquí radica un dilema común al que se enfrentaron las nacientes fuerzas de seguridad en Palestina y Afganistán. Sencillamente, estaban llamadas a ser todo para todos. Mientras que los palestinos tenían la poco envidiable tarea de proteger los intereses israelíes y palestinos, todo al mismo tiempo, también los afganos debían combatir a los insurgentes, perseguir a los narcotraficantes, impedir el crecimiento del opio y, sin embargo, coordinarse con las fuerzas estadounidenses para buscar a los fugitivos de Al Qaeda en las regiones pastunes. Al final, no consiguieron nada.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, habla durante una rueda de prensa sobre la situación en Afganistán en el Pentágono en Washington, DC, el 16 de agosto de 2021 [ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images].
Ahora, dos décadas más tarde, después de que los talibanes hayan recuperado el control de todo Afganistán, Joe Biden dice incrédulo al pueblo estadounidense: "Nuestra misión en Afganistán nunca fue crear una democracia unificada."
Sorprendentemente, el general McChrystal tenía una idea diferente de su misión allí. Escribiendo recientemente en Foreign Affairs afirmó que invadieron Afganistán "para destruir a Al Qaeda y derrocar al régimen talibán que la acogía". Y al mismo tiempo añadía que la misión "llegó a incluir el establecimiento de una nación afgana que defendiera su propia soberanía, abrazara la democracia, educara a las mujeres y reprimiera la producción de opio".
Cualquiera que sea su origen o persuasión, las ocupaciones militares son innatamente opuestas a la libertad y el desarrollo. Incluso en sus formas más benignas, provocan resistencia e impiden que la democracia arraigue. Palestina y Afganistán son ejemplos destacados. A lo largo de la historia, sus pueblos han sido testigos de numerosas invasiones y ocupaciones. Después de dos décadas, a Estados Unidos se le ha acabado el aguante. Del mismo modo, acabarán dándose cuenta de la inutilidad de apoyar la ocupación sionista de Palestina.
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