Cuando el programa "Panorama" de la BBC reveló esta semana el alcance de la participación del ex primer ministro británico David Cameron en actividades de lobby para la empresa de inversiones Greensill Capital, las revelaciones fueron mucho más allá de su papel en el escándalo. Se remonta a años atrás, pero la investigación no se inició propiamente hasta principios de este año.
En resumen, Cameron habría presionado a ministros y altos funcionarios para que el Banco de Inglaterra invirtiera 10.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes británicos en los préstamos de Greensill. Alegando que la inversión ayudaría a las empresas británicas a mantenerse en pie durante la pandemia del Covid-19, la presión de Cameron no tuvo éxito hasta junio de 2020, cuando el gobierno finalmente aprobó a Greensill como prestamista bajo un esquema de ayuda a empresas y negocios.
Fue en el marco de ese plan de Préstamos para la Interrupción de Grandes Empresas por Coronavirus (CLBIL, por sus siglas en inglés) que el Banco Empresarial Británico, de propiedad estatal, permitió a la empresa conceder préstamos respaldados por una garantía del 80% del contribuyente. Sin embargo, en el transcurso de ese plan, Greensill fue más allá de la condición de proporcionar un límite de préstamos de 50 millones de libras a cada empresa, al conceder un préstamo de 350 millones de libras a siete empresas propiedad del empresario británico-indio Sanjeev Gupta.
Al otro lado del Atlántico, Greensill también prestó 850 millones de dólares del dinero de los inversores a la empresa carbonera estadounidense Bluestone Resources, de los cuales sólo 70 millones estaban garantizados con facturas reales. Los 780 millones restantes, por su parte, estaban respaldados simplemente por la especulación sobre las ventas de carbón previstas por Bluestone.
Como las empresas de Gupta no devolvieron los préstamos de los contribuyentes, fueron puestas bajo investigación y se suspendió la garantía del gobierno. En marzo de este año, Greensill se derrumbó y entró en concurso de acreedores, y se prevé que los contribuyentes británicos pierdan unos 320 millones de libras.
Dejando a un lado las numerosas complejidades del escándalo, el papel de Cameron le reportó un beneficio total de 10 millones de dólares antes de impuestos mientras presionaba al gobierno británico para que aprobara Greensill y sus operaciones. Desde que salieron a la luz las revelaciones, el portavoz de Cameron ha afirmado que el ex primer ministro sólo formaba parte del consejo asesor de la empresa y que no estaba al tanto de sus deficiencias financieras, sus dificultades o su planificación.
Sin embargo, la historia tiene otra vertiente más política. El escándalo no sólo ha puesto de manifiesto los vínculos que tienen las empresas internacionales con personajes políticos actuales o anteriores, sino que también ha ilustrado la participación del Partido Conservador en el cabildeo de personas, empresas y otras entidades extranjeras.
LEER: Los laboristas de Kier Starmer están "purgando" a los judíos críticos con Israel
Los detalles de la participación del partido en los grupos de presión surgieron aún más durante el mes pasado, pero en una dirección totalmente diferente y más política cuando el ex Secretario de Defensa Liam Fox fue nombrado para dirigir el Grupo de Acuerdos Abraham del Reino Unido. Los Acuerdos de Abraham -nombre dado a la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos el año pasado- tienen ahora una base en Gran Bretaña, lo que otorga a Londres un papel más importante en las relaciones en expansión entre Tel Aviv y los Estados árabes.
Aparte del hecho de que el puesto fue básicamente regalado a Fox por los embajadores de Bahréin, los EAU e Israel y no por el gobierno británico, el nombramiento parece más extraño si se tiene en cuenta la ya larga relación del ex ministro con esos países a lo largo de su carrera.
Como secretario de Defensa entre 2010 y 2011 (casualmente bajo el mandato de Cameron), Fox realizó numerosos viajes a Israel, EAU y Bahréin -entre otros países- para discutir y firmar acuerdos, y asistir a reuniones no declaradas. En octubre de 2011, sin embargo, se vio obligado a dimitir después de que una investigación descubriera que había incumplido la normativa al hacer que su amigo Adam Werritty le acompañara en al menos 18 de esos viajes al extranjero y le permitiera asistir a la mayoría de sus reuniones y eventos, todo ello sin la autorización de seguridad del Ministerio de Defensa.
Esa relación de trabajo entre Fox y Werritty, ambos fervientes sionistas y miembros de los Amigos Conservadores de Israel (CFI), dio un giro aún más oscuro cuando la investigación descubrió que empresarios pro-Israel vinculados a Tel Aviv financiaban los viajes de Werritty al extranjero con Fox y le ofrecían lucrativos tratos y descuentos.
En esa época, Werritty también fue contratado por la empresa de lobby Tetra Strategy, con el objetivo de tener acceso a Fox para mantener reuniones y hacer que el ministro interviniera en una disputa legal en la que había metido indirectamente al Ministerio de Defensa.
LEER: Desmontando los mitos sobre los refugiados en Europa
Lo que todo el asunto reveló hace una década -especialmente con el papel de Werritty como asesor informal que finalmente empujó a Fox a dimitir- fue que las actividades no reguladas y no transparentes de los grupos de presión en la política británica interfieren directamente en las relaciones de Londres con otras naciones. También pone de manifiesto el modo en que los negocios y los intereses financieros se anteponen a los intereses nacionales y políticos.
Pero más que eso, reveló la vasta red de grupos de presión, empresas y empresarios extranjeros, y las relaciones que mantienen en el seno del Partido Conservador británico.
Una década después de que se produjeran aquellos hechos, y apenas un año después de que se hiciera efectivo el lobby de David Cameron para Greensill Capital, puede ser legítima la preocupación de que el nombramiento de Fox como jefe del Grupo de Acuerdos de Abraham en el Reino Unido demuestre las consecuencias de seguir haciendo lobby en el Partido Conservador y en el gobierno británico.
Todo esto se produce en medio de una creciente condena por la coordinación del copresidente del Partido Conservador, Ben Elliot, con los embajadores de Arabia Saudí y Bahréin, que pretenden otorgar a un destacado donante una posición de liderazgo en las relaciones del partido con Oriente Medio. El Partido Laborista de la oposición y otros han pedido, como era de esperar, al primer ministro Boris Johnson que destituya a Elliot, alegando que sus esfuerzos y los de los embajadores del Golfo no hacen más que fomentar los elementos cleptócratas dentro de la política británica.
Sólo el tiempo dirá en qué se traduce el nombramiento de Fox, pero casi con toda seguridad significa que los grupos de presión garantizarían la profundización de las relaciones entre israelíes y árabes con la participación directa de Londres. Preocupantemente, esto podría significar una mayor indiferencia hacia el pobre historial de derechos humanos de los Estados árabes en cuestión, así como la continua violación de los derechos de los palestinos por parte de Israel y las infracciones del derecho internacional.
LEER: El lucrativo negocio de los lobbies israelíes
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.
A menos que se indique lo contrario en el artículo, este trabajo de Middle East Monitor/Monitor de Oriente está bajo licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Si la(s) imagen(es) lleva(n) nuestro crédito, esta licencia también se aplica a ellos. ¿Qué significa esto? Para otros permisos por favor contáctenos. 
