Para la Asociación de Abogados para la Protección de los Derechos y las Libertades, la decisión del Ministerio del Interior tunecino de cerrar el organismo anticorrupción del país es "una medida peligrosa sin precedentes".
El organismo condenó "el allanamiento y el cierre de la Autoridad Anticorrupción por parte del Ministerio del Interior", lo que, según dijo, constituye "una clara violación de los tratados internacionales".
El presidente tunecino Kais Saied y el ministro del Interior en funciones son responsables "de la violación de los datos personales de cualquier ciudadano que haya presentado documentos a la autoridad y de exponer al peligro a quienes denuncian la corrupción", continúa el comunicado.
"La lucha contra la corrupción debe llevarse a cabo respetando la ley y no contraviniéndola, facilitando el trabajo de los órganos de control y judiciales, y proporcionando un ambiente adecuado para trabajar correctamente, en lugar de precintarlos, demonizar a sus miembros, difamarlos o someterlos a juicios públicos con el objetivo de control, influencia y venganza."
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El cierre de la Autoridad Anticorrupción de Túnez es la última de una lista de medidas adoptadas por el presidente Saied desde el 25 de julio, cuando invocó el artículo 80 de la Constitución para destituir al primer ministro Hicham Mechichi, congelar el trabajo del Parlamento durante 30 días, levantar la inmunidad de los ministros y nombrarse a sí mismo jefe del poder ejecutivo hasta la formación de un nuevo gobierno.
Esto se produce después de que estallaran violentas protestas en varias ciudades de Túnez criticando la gestión del gobierno en materia de economía y el coronavirus. Los manifestantes habían pedido la disolución del Parlamento.
La mayoría de los partidos políticos del país tacharon la medida de "golpe contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011.
Texto completo de la declaración:
Declaración de la Asociación de Abogados para la Protección de los Derechos y las Libertades
Túnez, 22 de agosto de 2021
En una peligrosa medida sin precedentes, el Ministerio del Interior de Túnez ordenó, el viernes 20 de agosto de 2021, el asedio y la evacuación de las dos sedes de la Autoridad Anticorrupción de Túnez y luego las precintó, y el ministerio emitió el mismo día una orden de arresto domiciliario contra su ex presidente.
El Ministerio del Interior, como es habitual, se negó a informar a la opinión pública sobre los verdaderos motivos de estas decisiones, excepto a través de un comunicado de prensa del Gobernador de Túnez en el que afirmaba que "la decisión de cerrar la sede y la sucursal de la Autoridad Anticorrupción fue por orden directa del Ministro del Interior en funciones", señalando que "no tiene información sobre el motivo de la decisión de cerrar la Autoridad, que continuará hasta el final del estado de emergencia".
Por otra parte, la Presidencia de la República publicó en su página oficial de Facebook ese mismo día un comunicado en el que se informaba de que el Presidente había emitido un decreto por el que cesaba en sus funciones al Secretario General de la Autoridad Anticorrupción, asignando al Jefe de Asuntos Administrativos y Financieros de la misma la dirección temporal de la misma para garantizar el normal funcionamiento de sus tareas.
En consecuencia, Abogados para la Protección de los Derechos y las Libertades:
1. Condena el allanamiento y el cierre de la Autoridad Anticorrupción por parte del Ministerio del Interior, en una clara violación de los tratados internacionales y de los objetivos para los que la misma autoridad constitucional ha sido establecida de acuerdo con el decreto-ley marco nº 120 de 2011 relativo a la lucha contra la corrupción, donde el Art. 12 establece que "es una autoridad pública independiente que posee personalidad jurídica e independencia financiera y administrativa", y el Art. 15 establece que "los órganos competentes del Estado deben ayudar a la autoridad a recopilar datos y estadísticas sobre asuntos relacionados con su misión y garantizar medidas de protección para las víctimas, los testigos y los denunciantes".
2. Responsabilizar tanto al Presidente de la República como al Ministro del Interior en funciones de la violación de los datos personales de cualquier ciudadano que haya presentado documentos a la autoridad y de exponer al peligro a quienes denuncien la corrupción.
3. Condena la imposición de un arresto domiciliario al antiguo presidente de la Autoridad Anticorrupción, y condena que se siga imponiendo el arresto domiciliario a muchos ciudadanos en una clara violación de la ley y de la constitución utilizando el inconstitucional decreto nº 50 de 1978 con el pretexto de medidas preventivas.
4. Afirma que la lucha contra la corrupción debe realizarse respetando la ley y no contraviniéndola, facilitando la labor de los órganos de control y judiciales, y proporcionando un ambiente adecuado para trabajar correctamente, en lugar de precintarlos, demonizar a sus miembros, difamarlos o someterlos a juicios públicos con fines de control, influencia y venganza.
5. Condena el absoluto silencio de las organizaciones nacionales y de los organismos públicos respecto a lo sucedido, mientras que en el pasado habían condenado incluso violaciones menores contra la Autoridad o su presidente, recordando que la corrupción y el despotismo siempre se ven favorecidos por justificaciones de medidas "extraordinarias" o por la "comprensión" de la necesidad de las violaciones, en aras de conseguir seguridad o mejores condiciones de vida.
6. Pide que se luche contra la corrupción y sus figuras, sistemas y brazos, siempre que se haga dentro del respeto a la ley y bajo la supervisión de un sistema judicial justo, independiente y libre de cualquier presión o disputa.
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