El ex jefe de la Comisión Anticorrupción (NACC) de Túnez, Chawki Tabib, pidió ayuda a las Naciones Unidas para poner fin a su arresto domiciliario, impuesto por el Ministerio del Interior después de que las fuerzas de seguridad asaltaran y cerraran la sede de la comisión.
En un post de Facebook, Tabib acusó explícitamente a Ridha Gharsallaoui, funcionario encargado de la gestión del Ministerio del Interior, de cometer contra él un delito de desaparición forzada y otras violaciones de sus derechos humanos y profesionales.
Tabib dijo: "En vista de los continuos ataques y violaciones de mis derechos civiles y profesionales como resultado de una injusta decisión tomada por el ministro responsable de la gestión de los asuntos del Ministerio del Interior, que ordenó ponerme bajo arresto domiciliario sin permitirme siquiera obtener una copia de la orden correspondiente".
Continuó: "Con la ayuda de un abogado en Suiza, presenté el 24 de agosto de 2021 una primera denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una segunda ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces y Abogados en Ginebra contra Ridha Gharsallaoui, el ministro encargado de la gestión de los asuntos del Ministerio del Interior, y cualquiera que resulte estar implicado en el delito de desaparición forzada y en una serie de otros delitos cometidos contra mí; y que cada uno asuma sus responsabilidades."
Hace unos días, el presidente tunecino Kais Saied decidió destituir a Anwar Ben Hassan, secretario general de la Autoridad Tunecina de Lucha contra la Corrupción (INLUCC), mientras las autoridades cerraban la sede de la comisión y ponían a su antiguo presidente, Tabib, bajo arresto domiciliario.
Túnez asiste a una crisis política desde que Saied tomó medidas excepcionales el 25 de julio, lo que coincidió con el estallido de manifestaciones populares en varias gobernaciones que pedían el derrocamiento de todo el sistema gobernante y acusaban a la oposición de no desempeñar su papel ante la crisis política, económica y sanitaria en curso.
La mayoría de los partidos tunecinos rechazaron la medida de Saied, ya que algunos consideraron que las decisiones presidenciales eran un "golpe de Estado contra la Constitución", mientras que otros la vieron como la única forma de arreglar la situación actual.
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