Grecia debe poner fin a sus prácticas intervencionistas y políticas de presión contra los líderes religiosos musulmanes elegidos por la minoría turca en Tracia Occidental, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, informa la Agencia Anadolu.
Las declaraciones de Mevlut Cavusoglu se produjeron en Twitter después de que Ibrahim Serif, presidente de la Junta Consultiva de la Minoría Turca de Tracia Occidental y muftí elegido de Komotini, compartiera un post en Twitter en el que decía que sería juzgado por supuesta "usurpación de funciones" por una ceremonia religiosa a la que asistió hace cinco años.
Al condenar la reciente decisión del tribunal griego, Cavusoglu dijo: "Estamos al lado de nuestros parientes en la protección de sus derechos derivados del Tratado de Lausana y de las libertades religiosas".
En la zona de Xanthi (Iskece), en la región griega de Tracia Occidental, vive una población de 150.000 turcos musulmanes desde hace siglos.
La elección de muftis, o clérigos islámicos, por parte de los musulmanes en Grecia está regulada por el Tratado de Atenas de 1913, un pacto greco-otomano que fue aplicado por Atenas en 1920.
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Pero en 1991, violando el derecho internacional, Grecia anuló su ley relativa al tratado de 1913 y empezó a nombrar muftíes de forma ilegal.
Desde entonces, los muftíes nombrados por el Estado griego han usurpado los derechos de jurisdicción de los musulmanes locales en asuntos de familia y herencia.
La mayoría de los turcos musulmanes de Tracia Occidental no reconocen a los muftíes nombrados por el Estado griego y, en cambio, eligen legítimamente a sus propios muftíes.
Sin embargo, desde 1991, el Estado griego se niega a reconocer a los muftíes elegidos, y las autoridades han llegado a juzgar a los clérigos.
Turquía lleva mucho tiempo denunciando las violaciones griegas de los derechos de su minoría musulmana y turca, desde el cierre de mezquitas y el abandono de mezquitas históricas hasta la negativa a permitir que los grupos locales utilicen "turco" en su nombre.
Estas medidas violan el Tratado de Lausana de 1923, así como los veredictos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que convierte a Grecia en un Estado que se salta la ley, dicen los funcionarios turcos.
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