El fin de semana se dio luz verde a una investigación sobre la presunta implicación oficial de Arabia Saudí en el 11-S, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva en la que exigía la revisión y desclasificación general de los archivos sobre el ataque terrorista de hace dos décadas.
Biden se ha comprometido a proporcionar a los supervivientes del 11-S y a los familiares de las víctimas una mayor transparencia en cuanto a los documentos no publicados que posee el gobierno. Las familias de las víctimas han afirmado anteriormente que hay hasta 25.000 páginas de documentos relacionados con el ataque que se les ha ocultado.
"Cuando me presenté como candidato a la presidencia, me comprometí a garantizar la transparencia en relación con la desclasificación de los documentos sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos", dijo Biden, reiterando su promesa en un comunicado sobre la orden ejecutiva. Aunque permiten a los presidentes elaborar políticas al margen del proceso legislativo habitual, estas órdenes tienen fuerza de ley y deben cumplirse. Suelen ser los temas más polémicos los que el presidente impulsa de esta manera.
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"Al acercarse el vigésimo aniversario de ese trágico día, estoy cumpliendo ese compromiso. He firmado una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia y a otras agencias relevantes que supervisen una revisión de la desclasificación de los documentos relacionados con las investigaciones de la Oficina Federal de Investigación sobre el 11 de septiembre."
La orden insiste en que, en aras de la "transparencia" y la "plena rendición de cuentas", se van a hacer públicos "ciertos" documentos "salvo cuando las razones más poderosas aconsejen lo contrario", como una posible amenaza para la seguridad nacional.
Se ha establecido un calendario para el proceso. "Todos los informes de las entrevistas, los documentos analíticos, los documentos que informan de los resultados de la investigación u otros registros sustantivos" se harán públicos en 120 días. Toda la divulgación debe completarse en un plazo de seis meses.
"La información no debe permanecer clasificada cuando el interés público en su divulgación supere cualquier daño a la seguridad nacional que pueda esperarse razonablemente de su divulgación", explica la orden ejecutiva del presidente.
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Hasta ahora, la Comisión del 11 de septiembre, creada en 2002 para "preparar una relación completa de las circunstancias que rodearon los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001", no ha encontrado pruebas de que el gobierno saudí como institución o altos funcionarios saudíes financiaran individualmente al grupo que perpetró el ataque.
Sin embargo, los grupos de familiares de las víctimas afirman que esto aún no descarta la posibilidad de que funcionarios de bajo rango de Riad puedan estar implicados, y que no hay forma de saberlo sin la publicación completa de los documentos clasificados. No está claro que se vaya a cumplir su deseo por completo.
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