Bahréin ha puesto en libertad condicional a 30 presos, entre ellos 27 políticos, en cumplimiento de la legislación que permite la vigilancia electrónica y el arresto domiciliario en su lugar.
En virtud de la ley de "penas alternativas" de 2017, los presos que hayan cumplido al menos la mitad de su condena en la cárcel pueden completarla de otras formas, como servicios comunitarios, cursos de rehabilitación y vigilancia electrónica. La semana pasada, el rey de Bahréin modificó la ley para permitir el cambio a penas no privativas de libertad en cualquier momento de la condena.
Según el activista en el exilio y director del Instituto de Derechos y Democracia de Bahréin, Sayed Alwadaei, muchos de los 27 presos políticos puestos bajo arresto domiciliario esta semana habían sido detenidos cuando eran menores de edad. "No obstante, seguirán sufriendo graves restricciones a su libertad. En cualquier caso, estas raras liberaciones quedan eclipsadas por el continuo encarcelamiento de cientos de presos políticos en Bahréin". Pidió al gobierno de Bahréin que pusiera en libertad a todos los detenidos políticos "sin condiciones".
Entre los detenidos liberados se encuentra Kameel Juma Hasan, que fue detenido a los 14 años y condenado a 28 años de prisión en 2019. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (WGAD) dijo en mayo que consideraba que había sido detenido arbitrariamente.
Los documentos vistos por Reuters muestran que algunas condiciones de liberación incluyen dispositivos para vigilar los movimientos y la prohibición de hablar con la prensa, usar los medios sociales y realizar actividades políticas. Hassan Mushaima, que fue detenido en 2011 y encarcelado de por vida por protestas antigubernamentales, rechazó esta semana una oferta de libertad condicional, según dijo su hijo Ali a la agencia.
El Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia estima que hay más de 1.400 presos políticos en el Reino, de una población carcelaria total de hasta 3.800 personas.
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