El 9 de septiembre, el Parlamento de Libia, con sede en Tobruk, aprobó la primera ley de 2021, para la elección directa del presidente del país y la descripción de sus funciones y responsabilidades. La ley, de 77 artículos, especifica las condiciones de elegibilidad para el máximo cargo y los poderes que tendrá el presidente.
La cuestión de la elección directa del presidente por medio del voto popular ha sido polémica. El pasado mes de julio, un diálogo auspiciado por las Naciones Unidas no logró alcanzar un consenso, por lo que se remitió el asunto a los diputados de Tobruk para que lo abordaran.
La nueva ley llega en una especie de vacío, ya que el país no tiene una Constitución que determine si el sistema político de la nueva Libia será una república constitucional o una presidencial. Esto es esencial, ya que define los poderes del primer ministro y del presidente. Muchos actores políticos libios prefieren que los poderes recaigan en el primer ministro y no en el presidente, que debería ser una figura ceremonial con funciones ejecutivas limitadas.
La nueva ley tampoco se pronuncia sobre la cuestión del sistema político, ya que no tiene una base legal o constitucional sobre la que trabajar, otra cuestión que sigue sin decidirse.
Sin embargo, la nueva ley parece zanjar la cuestión al conceder al aspirante a presidente menos poder que el primer ministro elegido, en un país que siempre ha estado dirigido por una figura poderosa, al menos, durante las últimas cuatro décadas del difunto Muammer Gaddafi.
Aunque la ley dista mucho de ser perfecta, podría ser un buen comienzo en un país en el que todas las "instituciones políticas han perdido legitimidad", afirma Zubair Abdelgather, profesor de derecho jubilado. Cree que la nueva ley allanará el camino para que Libia "se una y comience de nuevo", al dar al pueblo el "poder de elegir a su presidente". El Sr. Abdelgather cree que, una vez que los libios tengan la oportunidad de votar, "todas las demás cuestiones podrían resolverse fácilmente".
Su colega, un profesor de derecho constitucional, que habla de forma anónima, cree que es un "gran error" cometido por un "parlamento caótico" que ha sido parte del problema político del país desde que fue elegido en 2014. Según él, "¿cómo se podría decidir cómo elegir a un presidente cuando no se tiene una 'constitución'?".
En cuanto se aprobó la ley, se enfrentó a su primer obstáculo con el Consejo Superior del Estado (CS), un órgano consultivo creado por el acuerdo político de 2015 que puso fin a la guerra de 2014. Khalid Al-Mishri, presidente del HCS, en una conferencia de prensa, rechazó la ley, diciendo que "no es válida" ya que su consejo no fue consultado al respecto. También dijo que el HCS ha elaborado su propia ley y ya la ha transmitido a la misión de la ONU en el país encargada de las mediaciones.
Sin embargo, muchos expertos jurídicos creen que la interpretación del Sr. Al-Mishri del acuerdo de 2015 es "inexacta", según Ali Zawi, abogado y antiguo fiscal de Trípoli. Según él, "la HCS no tiene poder para intervenir en las legislaciones", y los diputados pueden ignorar cualquier consejo de la HCS sobre "cualquier asunto legislativo", a menos que quieran hacerlo.
Cualquiera que sea el papel que pueda desempeñar la HCS como órgano consultivo, sigue teniendo el poder de torpedear todo el proceso político del país, al menos paralizándolo, a medida que se acerca la fecha de las elecciones del 24 de diciembre. La HCS ha sido uno de los dos polos de poder en el país cuando se dividió tras la guerra civil de 2014: un gobierno reconocido por la ONU en Trípoli y otra administración en el este de Libia. La HCS ha respaldado al gobierno de Trípoli, mientras que el parlamento del este apoyó a las fuerzas de Khalifa Haftar en sus intentos de tomar Trípoli en 2019. Este hecho hace que la HCS sea una parte esencial de la ecuación política en Libia.
El Alto Consejo de Estado libio, Khalid al-Mishri, habla durante una conferencia de prensa celebrada por ONGs y miembros de la prensa en Trípoli, Libia, el 10 de julio de 2021. ([Mücahit Aydemir - Agencia Anadolu]
Dejando a un lado las disputas legales, la ley abre la puerta a que personas como Khalifa Haftar se presenten a la presidencia. El artículo 12 de la ley dice que "cualquier ciudadano, sea militar o civil, se considera dimitido" de su cargo público, si lo tiene, tres meses antes del día de las elecciones. En caso de que dicha persona pierda la contienda, puede volver a su puesto de trabajo y reclamar los beneficios económicos que le otorga la ley. Esto significa que personas como Khalifa Haftar, que albergan grandes ambiciones, pueden presentarse a las elecciones e, indirectamente, conservar su condición de militar. Sin embargo, el general aún no ha anunciado si se presenta o no a las elecciones: es una apuesta arriesgada.
El hijo de Gadafi, Saif Al-Islam, también se beneficia de la ley. La cláusula siete del artículo diez dice que cualquiera que no haya sido "condenado por ningún crimen o delito" puede presentarse a la presidencia. A diferencia de Haftar, Gadafi hijo anunciará su candidatura en cuanto la comisión electoral empiece a aceptar los expedientes de los candidatos.
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Tres fuentes diferentes, incluida una fuente muy cercana a Saif Al-Islam, me han confirmado que se presentará, "a menos que surjan otros obstáculos", dijeron las tres fuentes.
Sin embargo, todo el proceso electoral está ahora en vilo después de que el Parlamento haya retirado su confianza al gobierno de Abdul Hamid Debibeha, al tiempo que le ha pedido que continúe como gobierno provisional. Una mayoría de 89 diputados, de los 113 presentes, apoyó la moción.
De nuevo, el Consejo de Estado Libio ha rechazado la votación, acusando al parlamento de actuar ilegalmente.
Horas después de la votación, Dbeibeh apareció entre un puñado de sus partidarios en la Plaza de los Mártires de Trípoli, rechazando la votación y llamando a una mayor manifestación el viernes 24 de septiembre. En todo caso, la votación le ha hecho más fuerte y más popular; sin embargo, no está claro lo que puede hacer. La misión de la ONU en Libia expresó su preocupación por este hecho, al tiempo que subrayó que el gobierno de Dbeibeh sigue siendo la única autoridad legítima en Libia.
En un Estado que funcione con normalidad, una moción de censura no debería afectar a los comicios previstos para diciembre, pero en Libia nada es normal y toda maniobra política puede desencadenar otro episodio de violencia.
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