El gobierno de transición de Sudán ha sido acusado de expropiar ilegalmente los activos de la compañía petrolera nacional de Malasia, Petronas, lo que podría desencadenar un proceso judicial contra Jartum en la Corte Internacional de Arbitraje.
Petronas es una empresa multimillonaria, que figura entre las mayores corporaciones del mundo, con más de 20 años de exitosa cooperación empresarial en Sudán. Busca una solución amistosa tras la confiscación de sus activos por parte del gobierno sudanés, en parte civil y en parte militar, dirigido por el Primer Ministro Abdalla Hamdok.
La disputa se centra en los terrenos adquiridos por Petronas durante la época del presidente Omar Al-Bashir para la construcción de su sede, oficinas y residencias para albergar a su personal expatriado. Los detalles de la queja de la empresa contra el gobierno sudanés vistos por MEMO indican que una vez adquiridos los terrenos, éstos fueron registrados a nombre de Nada Properties Company Limited (NPCL), una filial de la corporación malaya en Sudán.
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Sin embargo, un comité anticorrupción creado por el Gobierno de Transición tras la destitución de Al-Bashir en 2019 sostiene que los terrenos se compraron por medios ilegales y mediante sobornos. El comité se creó para recuperar los activos del país que se vendieron durante el gobierno de Al-Bashir.
Hasta la fecha, no se ha compartido ninguna información con las autoridades malayas en relación con las acusaciones de actividades corruptas del ex presidente, incluidas algunas en Malasia. Sin embargo, el comité anticorrupción habría transferido ilegalmente la propiedad de NPCL al Ministerio de Finanzas, privando así a Petronas de su legítima propiedad sobre la empresa. Las oficinas de la filial malaya en Sudán también han sido confiscadas por las autoridades sudanesas.
En su llamamiento al Gobierno de Transición, Petronas se opuso enérgicamente a lo que llamó la "expropiación ilegal de su propiedad" y criticó al comité anticorrupción por hacer "acusaciones infundadas e injustificadas". Petronas reiteró que su propiedad fue adquirida legalmente y que no había motivos para la confiscación ilegal de sus terrenos.
La empresa insiste en que está buscando una "solución amistosa". Una carta enviada al gobierno en abril daba a Jartum un periodo de reconciliación de 90 días para que ambas partes negociaran y encontraran dicha solución. La carta ofrecía un mecanismo de resolución de conflictos previsto en el Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones firmado entre los gobiernos de Sudán y Malasia.
Según el acuerdo, las empresas pueden recurrir a un procedimiento de arbitraje internacional de conformidad con el artículo 7(1) para la promoción y protección de las inversiones. Petronas mantuvo que la resolución de la cuestión en los tribunales sólo se tomaría como último recurso para preservar las buenas relaciones bilaterales entre los dos países.
En julio se envió una segunda carta al Gobierno de Transición, dándole otros 30 días para negociar y encontrar una solución amistosa. Señalando que se le está acabando la paciencia con Jartum, Petronas ha dicho que tal vez no le quede más remedio que buscar una solución por la vía legal. Fuentes cercanas a Petronas han informado a MEMO de que la empresa malaya se está preparando para una batalla legal.
La disputa con Petronas parece tener menos que ver con la corrupción y más con las nuevas realidades geopolíticas. El pasado mes de octubre, el Gobierno de Transición de Sudán acordó normalizar los lazos con Israel a cambio de su retirada de la lista estadounidense de "Estados patrocinadores del terrorismo". La retirada de Sudán de la lista allanó el camino para que Jartum atrajera a los inversores de Occidente. Mientras que los nuevos inversores extranjeros han sido bienvenidos, las empresas que invirtieron miles de millones de dólares durante el mandato de Al-Bashir se han visto marginadas o, peor aún, atrapadas por la campaña anticorrupción. Para Petronas, que ha sido fundamental para ayudar a Sudán a convertirse en un país exportador de petróleo, ha sido una experiencia excepcionalmente amarga.
La corporación malaya es una de las varias empresas internacionales que están en el punto de mira del Gobierno de Transición tras la destitución de Al-Bashir. Jartum también ha renunciado a importantes contratos con empresas turcas, qataríes y rusas. Se dice que esta ruptura ha contribuido a acelerar el realineamiento de Sudán con Occidente. En el último año, el Gobierno de Transición no sólo ha sido eliminado de la lista de terroristas, sino que también está en vías de aliviar su deuda de más de 50.000 millones de dólares.
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En lo que parece ser un mensaje cuidadosamente elaborado para Washington de que Jartum ha dado la espalda a sus antiguos aliados, las autoridades sudanesas tomaron la semana pasada el control de activos lucrativos que, según ellas, proporcionaban apoyo a Hamás en la Palestina ocupada. Funcionarios del Gobierno de Transición afirmaron que la toma de control de al menos una docena de empresas estaba vinculada al grupo de resistencia palestino. Sin embargo, Hamás ha negado tener activos o inversiones en Sudán, lo que arroja más dudas sobre los objetivos de la llamada campaña anticorrupción del gobierno.
Por su parte, Petronas ha advertido que podría retirar sus inversiones de Sudán. Afirmó que, aunque puede incurrir en una pérdida si se retira de Sudán sin recibir ninguna compensación por sus inversiones, Jartum sufrirá una pérdida mayor debido al daño de reputación causado por su incapacidad para proteger y salvaguardar las inversiones extranjeras en el país.
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