Las fuerzas de seguridad tunecinas allanaron el domingo el domicilio del diputado de la Coalición por la Dignidad Abdellatif Alaoui y lo detuvieron acusado de "conspirar contra la seguridad del Estado".
En un post en Facebook, Alaoui escribió: "Un escuadrón de Al-Gorjani [un centro de seguridad] está allanando mi casa y arrestándome ahora".
Ennahda, que tiene el mayor bloque parlamentario con 53 diputados, dijo que un escuadrón de seguridad allanó la casa de Alaoui y la del periodista Amer Ayad, deteniendo a ambos, intimidando a sus familias y reteniéndolos a la espera de una investigación militar.
Ennahda subrayó que rechaza las maniobras de las autoridades "para juzgar a civiles ante tribunales militares, ya que viola su derecho a un juicio justo".
Subrayó "la necesidad de respetar la independencia del poder judicial". Y advirtió contra "el intento de eludir este logro democrático presentando a los detenidos ante la justicia militar". Esto, añadió el partido, "recuerda a los tunecinos la época de la tiranía y la injusticia".
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El movimiento expresó su "temor de que la detención del diputado Abdellatif Alaoui se produjera con el objetivo de impedir el quórum para la reunión de la oficina de la Asamblea de los Representantes del Pueblo [el máximo órgano del parlamento], y atacar aún más al parlamento y su función legislativa y de control definida por la constitución".
El órgano está compuesto por 13 miembros, incluidos el presidente y sus dos adjuntos, y sus reuniones sólo son válidas si están presentes dos tercios de sus miembros. El presidente del Parlamento es Rached Ghannouchi, jefe del movimiento Ennahda.
El viernes, el Parlamento anunció en un comunicado el inicio de su nueva sesión parlamentaria, y rechazó las medidas adoptadas por el presidente del país, Kais Saied, culpándole del cierre de la institución legislativa, y la consiguiente perturbación de sus intereses vitales.
Saied ostenta un poder casi total desde el 25 de julio, cuando destituyó al primer ministro, suspendió el parlamento y asumió el poder ejecutivo alegando una emergencia nacional.
La mayoría de los partidos políticos del país tacharon la medida de "golpe de Estado contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011.
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