El servicio de seguridad de Sudán ha prohibido viajar a los miembros de un grupo de trabajo que supervisa la transición a la democracia en el país, según fuentes gubernamentales, ya que las tensiones entre los líderes civiles y militares amenazan con estallar semanas después de un golpe de Estado fallido, informa Reuters.
La crisis política estalló el 21 de septiembre, cuando el primer ministro Abdalla Hamdok dijo que las tropas rebeldes aún leales a Omar Al-Bashir habían tratado de desbaratar por la fuerza la revolución que desalojó del poder al presidente derrocado en 2019.
Dos altas fuentes del gobierno civil dijeron hoy que la prohibición de viajar del Servicio General de Inteligencia (GIS) afectaba a 11 funcionarios civiles, la mayoría miembros del Comité encargado de desmantelar el legado financiero y político de Al-Bashir.
El GIS no hizo ningún comentario inmediato.
Las fuentes dijeron que la lista incluía a Mohamed Al-Faki, quien en una conferencia de prensa el mes pasado acusó a los militares de utilizar el golpe de Estado como excusa para intentar hacerse con el poder.
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Al-Faki también forma parte del Consejo Soberano, del que forman parte funcionarios civiles y militares y que dirige Sudán desde el derrocamiento de Al-Bashir.
Desde la intentona golpista, los líderes militares han retirado la protección al comité del grupo de trabajo y han exigido cambios en la coalición civil con la que comparten el poder.
Una fuente militar de alto rango dijo que el ejército no tenía ninguna implicación en la prohibición de viajar y que este tipo de medidas no estaban entre sus responsabilidades.
Las fuentes dijeron que la prohibición era ilegal, ya que procedía del GIS y no de la fiscalía, y que el gabinete -que está por debajo del Consejo Soberano- estaba presionando para que se investigara.
La prohibición salió a la luz después de que otra persona que figuraba en ella, el empresario Salah Manaa, consiguiera embarcar en un vuelo a El Cairo, dijeron las fuentes.
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