El nuevo ministro tunecino del Interior, Taoufik Charfeddine, se comprometió el domingo a no permitir que "nadie perjudique el prestigio del Estado", ante la grave crisis política y la tensión popular generalizada en el país desde que su presidente, Kais Saied, comenzó a tomar una serie de decisiones excepcionales.
Así lo ha manifestado el ministro en una declaración de prensa durante su estancia en la ciudad de Kairouan (centro), donde tienen lugar las celebraciones especiales para conmemorar el cumpleaños del Profeta (lunes), que no tuvieron lugar el año pasado debido a la propagación del Covid-19.
Taoufik Charfeddine añadió que la ejecución de la ley no tendrá excepciones, y que la erradicación del terrorismo y la continuación de la lucha contra él por parte de las fuerzas de seguridad estarán entre las prioridades del trabajo del ministerio, que está más cerca que nunca de acabar con su presencia en Túnez".
Y continuó: "La imposición de la seguridad en todo Túnez tiene como objetivo difundir la tranquilidad entre los ciudadanos, y el Ministerio del Interior no permitirá que nadie dañe el prestigio del Estado."
Charfeddine, que había sido destituido por Mechichi del anterior gobierno el 5 de enero, es uno de los ministros cercanos a Saied, personalmente.
Mechichi no dio entonces las razones de la destitución de Charfeddine, pero los medios de comunicación explicaron que se trataba de una decisión de liberar a una serie de cuadros superiores del Ministerio del Interior, sin informar al Primer Ministro.
El 11 de octubre, un nuevo gobierno encabezado por Najla Bouden juró su cargo ante Saied, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este puesto en los países árabes.
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Desde el pasado 25 de julio, Saied inició una serie de decisiones excepcionales que incluyen: la destitución del primer ministro, Hichem Mechichi; la disposición de asumir el poder ejecutivo con la asistencia de un gobierno que él mismo designa como presidente; la suspensión de los poderes del Parlamento; el levantamiento de la inmunidad de sus diputados; la supresión del órgano de control de la constitucionalidad; y la promulgación de leyes mediante decretos presidenciales y dirigidas por la Fiscalía.
La mayoría de las fuerzas políticas rechazan las decisiones de Saied, y las consideran un "golpe de Estado contra la Constitución", mientras que otras fuerzas las apoyan, como una "corrección del rumbo de la revolución de 2011", ante la crisis política y económica y la pandemia de Covid-19. Esta revolución derrocó al régimen del entonces presidente, Zine El-Abidine Ben Ali (1987-2011).
En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de 5 años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado sino, más bien, medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente", según su valoración.