Todas las investigaciones sobre los crímenes de guerra y los abusos cometidos por los soldados británicos en Irak se han cerrado ya, sin que hayan dado lugar a ningún procesamiento.
El Service Police Legacy Investigations (SPLI), que contaba con personal de la Royal Navy Police y de la Royal Air Force Police, ha investigado las denuncias de civiles iraquíes sobre comportamientos delictivos graves de soldados británicos que supuestamente tuvieron lugar desde 2003, durante la invasión liderada por Estados Unidos, hasta 2009.
El Equipo de Denuncias Históricas de Irak (IHAT), que anteriormente investigaba antes de su cierre, se hizo cargo de un total de 1.291 denuncias de abusos contra civiles iraquíes en 2017.
Esta semana, sin embargo, el Secretario de Defensa británico, Ben Wallace, anunció que el SPLI también ha "cerrado oficialmente sus puertas", sin que se haya llevado a cabo ni un solo enjuiciamiento como resultado de las denuncias.
En una declaración hecha ayer en la Cámara de los Comunes, Wallace dijo que juzgar la credibilidad de las denuncias había sido un "desafío significativo a lo largo de las investigaciones." Insistió en que, si bien algunas eran ciertas, otras no lo eran y no tenían pruebas suficientes para respaldarlas.
El Secretario de Defensa reveló que, del gran número de denuncias presentadas, 55 investigaciones separadas persiguieron formalmente un total de 178 de ellas, sin que ningún miembro de las fuerzas británicas haya sido procesado.
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"Sin embargo, no todas las alegaciones y reclamaciones eran espurias", reconoció, "de lo contrario, las investigaciones no habrían ido más allá del examen inicial y no se habría pagado ninguna indemnización".
A pesar de la falta de condenas, el Ministerio de Defensa pagó más de 20 millones de libras esterlinas en indemnizaciones por reclamaciones de abusos de civiles iraquíes.
Wallace declaró que estaba claro que "en Irak se produjeron algunos incidentes espantosos y vergonzosos. Reconocemos que hubo cuatro condenas a militares británicos por delitos en Irak, incluidos los delitos de agresión y trato inhumano".
Subrayó que la posición del gobierno británico "es clara: deploramos y condenamos todos esos incidentes", pero se mantuvo firme en su postura de que "la gran mayoría de los más de 140.000 miembros de nuestras fuerzas armadas que sirvieron en Irak lo hicieron honorablemente."
En 2017, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que las fuerzas británicas violaron las Convenciones de Ginebra durante su presencia militar en Irak, al abusar regularmente de civiles y detenidos.
Dos años después, en 2019, se reveló que el gobierno y los militares británicos intentaron encubrir los crímenes de guerra cometidos en Irak, y que no tenían intención de procesar a ningún soldado. Tras esa revelación, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la posibilidad de investigar ese encubrimiento.
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