Representantes del servicio de seguridad Shin Bet y del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí serán enviados a Estados Unidos para presentar pruebas, incluidas filmaciones y recibos, que demuestran que seis organizaciones palestinas de derechos humanos que Israel ha prohibido tienen vínculos con grupos terroristas.
Según un alto cargo de la defensa israelí, la información "es inequívoca y concreta. Demuestra una relación directa entre las organizaciones y sus asociados con la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina", dijo el funcionario.
Los grupos designados son Al-Haq, un grupo de derechos humanos fundado en 1979, el grupo de derechos Addameer, Defensa de los Niños Internacional-Palestina, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.
Estos grupos documentan las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas y autoridades de ocupación israelíes y la Autoridad Palestina (AP) contra los palestinos. La medida fue condenada como un "ataque desquiciado" a la sociedad civil palestina.
"Esta calumnia falaz y difamatoria es un asalto estratégico a la sociedad civil palestina y al derecho fundamental del pueblo palestino a oponerse a la ocupación ilegal de Israel y a denunciar sus continuos crímenes", dijo la AP.
Además, en una declaración conjunta, Amnistía Internacional y Human Rights Watch señalaron que la orden militar "proscribe efectivamente" las actividades de los seis grupos.
Advirtieron que la designación otorga a las fuerzas de seguridad israelíes la facultad de cerrar las oficinas de los grupos, confiscar sus bienes y detener y encarcelar a sus empleados. También se prohíbe la financiación o incluso la expresión pública de apoyo a sus actividades.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los Territorios Palestinos Ocupados dijo el sábado que las razones citadas por el ministro de Defensa israelí eran "vagas o irrelevantes" y denunció su decisión como la última medida de una "larga campaña de estigmatización" contra las organizaciones.
Por otra parte, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, dijo que su oficina no había sido avisada con antelación de la designación.
"Nos pondremos en contacto con nuestros socios israelíes para obtener más información sobre la base de la designación", dijo Price el viernes.
"Creemos que el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y una sociedad civil fuerte son de vital importancia para un gobierno responsable y receptivo", añadió.