La congresista estadounidense Betty McCollum encabezó ayer a un grupo de legisladores progresistas en la presentación de una resolución que pretende condenar a Israel por su designación de seis destacadas ONG y grupos de la sociedad civil palestinos como organizaciones terroristas.
La resolución afirma que la decisión de Tel Aviv es "un acto represivo destinado a criminalizar y perseguir a importantes organizaciones palestinas de derechos humanos", y dice que la Cámara de Representantes debe "reconocer la valiosa labor de las organizaciones de la sociedad civil palestina". Nombró específicamente a las seis organizaciones designadas por el primer ministro israelí, Benny Gantz.
"Cuando un gobierno utiliza la etiqueta de terrorista como arma para silenciar el trabajo de las organizaciones y defensores de los derechos humanos que representan valientemente a las personas vulnerables que viven bajo la ocupación militar, es un signo de increíble debilidad más alineado con un régimen autoritario que con una democracia sana", dijo McCollum en un comunicado.
"Estados Unidos invierte miles de millones de dólares de nuestros contribuyentes para apoyar la seguridad de Israel, no el sistema israelí de ocupación y represión de los palestinos. Corresponde a los demócratas de la Cámara de Representantes y al gobierno de Biden condenar esta decisión israelí y marcar una línea clara de que no se tolera la represión antidemocrática de la sociedad civil palestina", añadió.
Estados Unidos proporciona a Israel unos 3.800 millones de dólares de financiación militar cada año fiscal, y la presión ha ido en aumento, especialmente entre los demócratas progresistas, para que se garantice que Israel respeta las leyes de derechos humanos a cambio.
A McCollum se le unen nueve copatrocinadores, entre ellos Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Andre Carson y Alexandria Ocasio-Cortez.
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Los seis grupos que Israel designó como organizaciones terroristas son la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos Addameer, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, Al-Haq, Defensa de los Niños Internacional - Palestina y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.
Israel alega que los grupos están directamente vinculados o afiliados al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), al que ha designado como grupo terrorista.
La decisión de Gantz de designar a los grupos ha provocado una protesta generalizada, incluida la de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que calificó las listas de ataque a los defensores de los derechos humanos, la libertad de asociación y el derecho a la participación pública. Afirmó que la decisión debía ser revocada inmediatamente.
El periódico israelí Haaretz afirmó que la decisión es "una mancha para Israel", y añadió que "la ilegalización de grupos de derechos humanos y la persecución de activistas humanitarios son características por excelencia de los regímenes militares, en los que la democracia en su sentido más profundo es letra muerta".
La resolución de McCollum señala que "las campañas de deslegitimación y desinformación han sido promovidas por una red de organizaciones de la sociedad civil israelí, cada vez más nacionalistas, y organizaciones asociadas fuera de Israel, con el apoyo de los ministerios del gobierno israelí".
Pretenden "silenciar y eliminar el trabajo legal de derechos humanos que expone las violaciones generalizadas de los derechos humanos inherentes a la ocupación militar de los palestinos por parte de Israel", dice la resolución.
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