El movimiento tunecino Ennahda renovó el viernes su rechazo a los intentos de la presidencia de "dominar" los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El movimiento anunció en un comunicado que la Presidencia de la República "intenta socavar los fundamentos del sistema democrático-republicano basado en la separación y el equilibrio de los poderes y su cooperación para garantizar la unidad del Estado y la sociedad, proteger la democracia y los derechos, y establecer la justicia y la igualdad".
Ennahda (53 diputados de 217 en el Parlamento) advirtió de: "El peligro de los repetidos intentos presidenciales de presionar al poder judicial y a sus instituciones, especialmente al Consejo Judicial Supremo".
El movimiento subrayó que: "La reforma judicial es una vía promovida por las instituciones judiciales y apoyada por el poder legislativo a través de las leyes y el poder ejecutivo proporcionando los requisitos y condiciones y respetando la independencia del poder judicial, no mediante intentos de interferir en su trabajo para someterlo o instrumentalizarlo."
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Ennahda expresó su: "Rechazo a la política de presión ejercida sobre los que tienen opiniones disidentes y al empleo de algunos órganos de enmienda para restringir la libertad de expresión, incluyendo el cierre de algunas instituciones mediáticas como Nessma TV y Al-Zaytouna TV y la amenaza de Hannibal TV, que remite al desempleo a un gran número de periodistas, técnicos y trabajadores, en lugar de asentar sus puestos bajo el paraguas del respeto a la ley y la libertad de los medios de comunicación."
Desde el 25 de julio, Túnez vive una grave crisis política, cuando el presidente Saied adoptó "medidas excepcionales", como la congelación de las competencias del Parlamento, el levantamiento de la inmunidad de sus diputados, la supresión del órgano de control de la constitucionalidad, la promulgación de leyes mediante decretos presidenciales, la presidencia de la Fiscalía y la destitución del primer ministro.
La mayoría de las fuerzas políticas de Túnez rechazan estas decisiones y las consideran un "golpe contra la Constitución", mientras que otras fuerzas las apoyan y las ven como una "corrección del rumbo de la revolución de 2011", que derrocó al régimen del difunto presidente Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011).